Una lectura sobre democracia y derechos humanos

- 03 de mayo de 2020 - 00:00
El respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden no es algo individual que deciden los Estados, es un valor universal que debe cumplirse.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

Se trata de un requisito básico para el logro del desarrollo humano. Esta premisa ha sido asumida por Ecuador como política de Estado, independientemente de los sucesivos Gobiernos, durante los últimos veinte años.

Este ensayo pretende establecer los mecanismos de vinculación entre la democracia -como sistema jurídico-político establecido por el derecho constitucional- con el ejercicio de los derechos humanos, que forman parte del paradigma o modelo de desarrollo humano, que ha regido en Ecuador en las últimas décadas.

La democracia

La democracia –entendida por “el Gobierno del pueblo”- no es un valor en sí mismo, sino un medio indispensable para el desarrollo humano, entendido como el sistema que permite la satisfacción de las necesidades básicas (salud, educación, nutrición y empleo seguro), para el logro de la calidad de vida, con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad.

No de otra forma la democracia garantiza los derechos humanos: los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos políticos de todos los ciudadanos. Los derechos civiles implican los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad en todos los campos, a la justicia, a la privacidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación.

Los derechos sociales comprenden los derechos al bienestar, a la seguridad económica, a la seguridad social, a vivir con dignidad con salud, educación y trabajo. Y los derechos políticos: los derechos a votar, a elegir libremente, a la transparencia electoral, a que se respeten sus derechos ciudadanos, a ejercer la auditoría social y a ejercer cargos públicos en igualdad de condiciones.

Organización social

Así entendida la democracia es mucho más que un conjunto de condiciones para elegir y ser elegidos –democracia electoral-. También es un sistema de organización social con el objetivo de asegurar y expandir los derechos de las personas. Empero, la ortodoxia consideró que la democracia es el conjunto de procedimientos para elegir gobernantes.

Esta teoría elitista de la política es cuestionada por la teoría participativa que, sin salirse del enfoque institucional, intenta recuperar la acción política para los ciudadanos, pero dentro del ámbito del Estado y sus instituciones.

Un modelo distinto de concebir la política y hacer política se orientó a desestatizar la política, en el sentido que los asuntos públicos, en esencia, conciernen no solo exclusiva y excluyentemente al Estado, como plantea la teoría tradicional, sino a la sociedad civil. Ecuador intentó aplicar ese “modelo distinto”. Prueba de ello fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El partido político

La democracia en su aspecto formal tiene instituciones, que permiten el ejercicio del poder y a través de diversas funciones (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Participación) se aplican programas de Gobierno.

Uno de los espacios institucionales de relevancia es el partido político, que es el escenario de discusión, análisis y propuesta para resolver los problemas de la realidad y donde la democracia se integra a la ciudadanía. Este tema merecería un estudio especial, con el objetivo de fortalecer la democracia mediante partidos políticos sólidos en contenidos doctrinales y no movimientos estrictamente electorales, que han dado paso a populismos antidemocráticos.

El resultado, en el caso de Ecuador, en los últimos veinte años, no pudo ser más cruel: la democracia se volvió insignificante, en términos de participación de los bienes sociales. Porque el populismo -que sigue vivo- tuvo la ventaja de “conectarse” con la cultura política del pueblo, mientras en la otra orilla, la hegemonía del discurso ortodoxo e intelectual, convirtió a los ciudadanos en audiencias y públicos. En ambos casos la participación ciudadana quedó sumida en el limbo.

Democracia y pobreza

Uno de los grandes desafíos de la democracia sigue siendo la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, sobre la base de un sistema de eficiencia y transparencia, en el contexto del ejercicio pleno de los derechos humanos.

Las desigualdades y las exclusiones –lamentablemente- marcaron el ritmo de la gobernanza en estos años debido a factores internos y externos: catástrofes naturales como terremotos, la corrupción, los levantamientos, la situación de la administración de justicia, el narcotráfico, la caída de los precios del petróleo, la abultada deuda externa y la pandemia mundial del coronavirus impactaron no solo a la economía sino al ejercicio pleno de los derechos humanos.

El saldo -pese a las dificultades- fue favorable, según analistas. Incluso se habló de una “década ganada” porque Ecuador entró en un proceso de modernización nunca antes visto, gracias, sobre todo, al alza de los precios del petróleo que, en ciertos tramos, llegó a bordear los 100 dólares por barril, pero dicha modernización estaba sustentada en una agresiva deuda externa.

Visiones ambivalentes

Ello permitió, según esa tendencia, al sostenimiento del Estado de derecho y la democracia como sistema posible que sobrevivió a las amenazas de ciertos sectores sociales, sobre todo a raíz del intento de eliminar los subsidios de los combustibles en octubre de 2019, en el gobierno de Lenín Moreno.

Entretanto, la defensa de los derechos humanos marcó visiones ambivalentes signadas por lo ideológico y el apoyo de los sectores públicos, con la estructura estatal a la cabeza y populares expresados por movimientos sociales que actuaron bajo sus propios intereses, anclados a la resistencia civil.

Los dos últimos años -2019 y 2020- fueron muy complicados. En el primero debido a la agitación social y el segundo por la aparición del coronavirus, reconocido por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud como pandemia. (I)

Los Gobiernos están obligados también a brindar garantías de la salud general de la población, así como el derecho a la alimentación, entre otros.
Miguel Jiménez / El Telégrafo

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