234 alertas sobre desalojos forzados de arrendatarios recibió la Defensoría del Pueblo

12 de junio de 2020 08:30

La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció que durante la emergencia sanitaria debido al coronavirus, ha recibido un total de 234 alertas sobre desalojos forzados de arrendatarios impagos a escala nacional. Los casos reportados incluyen a personas en movilidad humana.

En un comunicado, el organismo señala que desde el pasado 16 de marzo ha levantado un registro de la situación de derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de excepción vigente por el covid-19.

En el último monitoreo sobre vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, se advirtió la recurrencia y crecimiento exponencial de los casos de desalojos forzados, “situación que es inadmisible en un momento de alto riesgo para la salud y la vida de las y los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto”, señala la Defensoría.

En el documento, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, afirma que en muchos de estos casos, se han ejecutado acciones agresivas y arbitrarias en contra de arrendatarias y arrendatarios por parte de los arrendadores,” quienes han contado, incluso, con el apoyo de la fuerza pública como medida de presión.

“En una relación de poder totalmente debilitada por las condiciones económicas vigentes, han sido vulnerados en sus derechos en clara afectación a la dignidad humana y empujados a exponer sus vidas y las de su entorno familiar”, señala el comunicado.

Dicho entorno familiar, en muchos casos incluye a grupos de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes; mujeres embarazadas; personas adultas mayores; personas con discapacidad; y, hasta enfermos crónicos, “que no han sido considerados al momento de privarles de su derecho a la vivienda y a un espacio digno”.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Defensoría Pública para que, en su calidad de órgano autónomo de la Función Judicial, “active de manera urgente la atención de patrocinio a las personas en estado de indefensión que requieren acciones civiles y de inquilinato, para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta grave situación”. (I)