En Paraguay una educadora de la organización Cladem promovió una campaña para que el Estado permita abortar a una niña de 10 años, violada por su padrastro.

Esta iniciativa le implicó a la activista insultos, amenazas de muerte y carteles afuera de su hogar, con frases como terrorista o asesina. No ocurre solo en Paraguay, la organización Amnistía Internacional (AI) revela que decenas de educadoras sexuales y defensoras del aborto en América Latina están siendo víctimas de amenazas de muerte, hostigamientos y ataques por parte de ciudadanos incluso bajo el aval de algunos gobiernos, haciendo que muchas abandonen por miedo su trabajo.

La AI puso otro ejemplo: un caso en Yucatán, en el este de México, donde hay “una brutal campaña” contra integrantes de la única organización que practica el aborto legal, que les “obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo” por temor a que “les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica”.

La directora de AI Erika Guevara (foto), al presentar el informe sobre esta problemática, indicó que estas campañas de difamación “son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos” y “suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales”.

En América Latina, el aborto está despenalizado en Uruguay hasta la semana 12 de gestación. Esto ocurre también en Guyana, Cuba y Puerto Rico. En el resto de países la situación sigue en debate. (I)