Con 84 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de marzo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una iniciativa impulsada por la Comisión de Seguridad Integral que busca recuperar el control estatal de las cárceles y frenar la operación del crimen organizado desde los centros de privación de libertad.

La normativa, aprobada durante la sesión del Pleno realizada en la Universidad Católica de Cuenca, plantea una respuesta integral frente a la crisis carcelaria que atraviesa el país. Entre sus objetivos están el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario, la reducción de la influencia de estructuras criminales dentro de las cárceles y la garantía de que la ejecución de penas se cumpla bajo parámetros de seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Durante la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, presentó la moción para aprobar el texto íntegro y defendió la reforma como una herramienta necesaria para reorganizar el sistema penitenciario. Señaló que la propuesta se sostiene en pilares como la inteligencia penitenciaria, la capacitación y profesionalización de los guías penitenciarios, la aplicación de pruebas de confianza, el uso legítimo de la fuerza y la cooperación de fuerzas militares y policiales para enfrentar el déficit de personal.

Entre los principales ejes de la ley consta el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. También se contempla la creación de grupos especiales de intervención para atender crisis y restablecer el orden, así como la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo.

La reforma además establece un régimen especial para personas privadas de libertad de alta peligrosidad y refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras delictivas al interior de las cárceles. A esto se suman cambios en el régimen disciplinario con el fin de combatir la corrupción dentro del sistema.

Otro de los componentes de la normativa apunta a la rehabilitación y reinserción social. Para ello, se incluyó una disposición transitoria que obliga al SNAI a ejecutar políticas de trabajo penitenciario en un plazo máximo de 36 meses, bajo criterios técnicos relacionados con seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación.

En el debate, la legisladora Lucía Jaramillo afirmó que el objetivo central de la reforma es que las cárceles y las personas privadas de libertad vuelvan a estar bajo el control pleno del Estado ecuatoriano. A su criterio, durante años los centros penitenciarios dejaron de ser espacios de rehabilitación para convertirse en lugares de operación del crimen organizado.

Por su parte, Ana Belén Tapia sostuvo que existe una responsabilidad con la ciudadanía de recuperar la seguridad y construir un sistema penitenciario funcional que permita avanzar hacia un país en paz.

La aprobación de esta ley se produce en medio de la persistente preocupación por la violencia en las cárceles ecuatorianas, convertidas en uno de los principales focos de inseguridad del país. Con esta reforma, la Asamblea apuesta por un nuevo marco legal para retomar el control institucional del sistema penitenciario y enfrentar una crisis que ha desbordado al Estado en los últimos años.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) March 17, 2026