Ecuador prohíbe “el vertido de residuos sólidos en los arrecifes, comunidades coralinas y en todas las áreas marinas inter mareales y riberas del territorio ecuatoriano”, así como “la extracción y comercialización de cualquier tipo de coral para ser utilizados como materiales de construcción, artesanía, para adornos de acuarios, o cualquier otro uso”.

Ese es uno de los estatutos alcanzados mediante un Acuerdo Ministerial que establece medidas de protección y conservación de los arrecifes y comunidades coralinas en el país.

Este documento se suscribió, el pasado 9 de junio, entre Daniel Ortega, ministro del Ambiente y el Subsecretario de Gestión Marina y Costera, Xavier Valverde Carcache, quien junto a su equipo técnico especializado en biología elaboraron el Acuerdo, que entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Los arrecifes y comunidades coralinas benefician a la sociedad, porque son hábitat para la reproducción de peces, lugares de turismo y protección de la zona costera (amortiguando los impactos de oleajes).

De acuerdo a información difundida por la Secretaría del Ambiente, los operadores de turismo y buceo, que se encuentren debidamente autorizados por las autoridades competentes, serán quienes fomenten buenas prácticas ambientales en el ejercicio de sus actividades, dentro y fuera de áreas protegidas. Los guías de buceo y snorkel incluirán en su instrucción previa (briefing) a la inmersión aspectos relacionados a mejorar la flotabilidad neutral de los buzos, para no afectar el fondo rocoso ni a los corales. Asimismo se advertirá a los visitantes el no tocar ni extraer nada del medio.

El Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, Jefaturas de las Áreas Protegidas y Direcciones Provinciales, tiene la responsabilidad de monitorear el estado de los arrecifes de coral y comunidades coralinas del país, de acuerdo a sus competencias, estableciendo protocolos de monitoreo participativo para la protección y evaluación de la salud de zonas coralinas, en coordinación y alianza con las instituciones competentes, organizaciones no gubernamentales y el sector académico.

Esta Cartera de Estado impulsa más planes de protección a nivel nacional, como la creación y ampliación de Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCPs) y la declaración de un Santuario Marino en el Archipiélago de Galápagos. Estos planes siguen los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, donde se reconocen los derechos de la naturaleza, y se declaran de interés público la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. (I)