Unas 200 venezolanas con implantes franceses de la marca Poly Implant Proth se (PIP) demandarán ante la Justicia de Venezuela a los fabricantes y comercializadores de las prótesis, informó ayer el abogado que lleva el caso, Gilberto Andrea.
El jurista dijo que el próximo viernes presentarán un recurso judicial contra los fabricantes "y contra todos los que hayan comercializado las prótesis PIP y hayan obtenido cualquier tipo de dividendo".
"Iba a ser un acto íntimo, pero se convirtió en colectivo, empezaron pocas y ya casi suman 200 las demandantes", aseguró.
Ellas exigirán el pago de las cirugías de extracción de las prótesis y reparación de las mamas, procedimiento que, según Andrea, registró un aumento en los costos de más de 150% en los últimos 6 años.
"Ellas están pidiendo una cirugía reparadora, que deje a la paciente en las mejores condiciones posibles, extraer el implante y hacer el reimplante, porque de lo contrario la persona quedará afectada física y psicológicamente, porque va a quedar deformada", explicó el letrado.
Solicitarán que se cubran todos los gastos hospitalarios y los honorarios de los médicos que las intervengan.
Los médicos que pusieron los implantes no serán demandados porque el producto tenía la garantía de la Agencia de Salud francesa. (EFE)
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