El fiscal Leonardo Alarcón formuló cargos contra Aquiles A., alcalde de Guayaquil, y otras 10 personas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos a gran escala, en el Caso Triple A.

La audiencia se realizó el miércoles 9 de abril, en el Complejo Judicial Norte de Quito, tras una investigación que lleva a cabo la Fiscalía con base a información entregada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de la República y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, sobre un presunto esquema de distribución irregular de combustibles.

Según informó José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director (e) de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en declaraciones realizadas en septiembre de 2024, la empresa Copedesa, de la cual Aquiles A. era accionista, habría provocado un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 94 millones a través de un presunto desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados. 

En la causa, la Fiscalía imputó a 10 personas, que incluyen al alcalde, seis empresarios ligados a la distribución de hidrocarburos y cuatro contadores.

Los vinculados al caso intentaron que se suspenda la audiencia y que el juez Renán Andrade determine una nueva fecha, debido a la ausencia de sus abogados, entre estos el que representaba al burgomaestre. El magistrado no aceptó el pedido, multó al defensor ausente con dos salarios básicos unificados (USD 940) y solicitó a un representante de la Defensoría Pública que defienda a Aquiles A. 

La audiencia había sido diferida en tres ocasiones, luego de excusas presentadas por la defensa de las personas señaladas por Fiscalía. 

Según expuso el fiscal en la formulación de cargos, el delito habría sido cometido por gasolineras ligadas a la causa que habrían distribuido diésel subsidiado por encima de su capacidad de almacenamiento. Además señaló que estas empresas también habrían desviado el combustible subsidiado para venderlo en el sector industrial y marítimo, algo prohibido por la ley.

El fiscal solicitó prisión preventiva contra las 11 personas presuntamente involucradas en el delito, tras la exposición de los argumentos. El juez no aceptó el pedido y emitió medidas cautelares contra 10 de los procesados, que incluye presentación periódica, uso de dispositivo de vigilancia y prohibición de salida del país. 

Para Raúl Z., al encontrarse fuera del país, se le dictaminó una presentación periódica en la dependencia consular de Ecuador en Nueva York. 

Además, el juez ordenó la suspensión temporal de actividades de la empresa Harsajudi S. A., mientras se desarrollan las investigaciones. 

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) April 9, 2025