El fiscal de Azuay, Lizandro Martínez, dijo que en las próximas horas fijará el día y la hora para que rinda su versión el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, en torno a un presunto indicio de responsabilidad penal que se ventila contra él, tras un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado.

El documento, enviado por la Contraloría a la Fiscalía, consta de 22 hojas y se dice que es un examen especial a los ingresos, gastos y procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes, prestación de servicios y consultoría del Gobierno Provincial de Azuay por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2013, en el que se analizaron los recursos usados para la ‘Caminata por la defensa del agua y la dignidad de los azuayos’. En este proceso también están involucrados 10 empleados del Consejo Provincial.

Por su parte, el prefecto Carrasco señaló que ha enviado a la Fiscalía de Azuay un documento, de 68 páginas, en donde se justifica la realización de la caminata.

“Para que me deje de perseguir le mandé al señor fiscal las hojas notarizadas de cada uno de los transportistas que prestaron el servicio”, indicó. (I)