En Sucúa empezó la socialización para la implementación de la consulta prelegislativa sobre investigación petrolera en Morona Santiago. Este proceso se cumplirá en los once cantones más que conforman esta provincia.

Representantes del Ministerio Coordinador de la Política Económica, el de Recursos Naturales No Renovables, de la Secretaría de Pueblos y el de Hidrocarburos desarrollaron un proceso informativo a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno local, representantes de organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanía.

“Con esta reunión  se abre un importante espacio ciudadano para la consulta prelegislativa en torno a la ronda de licitación petrolera en la Amazonía”, expresó Marcelo Ordóñez, representante del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Ordóñez añadió que la consulta  es un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. “La política pública se hace con la gente, además de que el Gobierno Nacional no tiene nada que ocultar respecto a las licitaciones petroleras”.

Por su parte, Cristian Cevallos, funcionario del Ministerio de Recursos Naturales, recordó la amarga experiencia de explotación hidrocarburífera que vivió la región desde hace 40 años en la que no participaron ni el Estado ni las comunidades y más bien se permitió el enriquecimiento de contadas personas y grupos económicos. “Estas distorsiones trata de revertirlas el Gobierno a beneficio del pueblo ecuatoriano”, aseveró.

Agregó que el régimen sobrepuso la soberanía energética, lo cual obligó a las petroleras a renegociar  los contratos -ahora por servicios-, lo que le significó al Estado la recuperación  de unos $ 1.000 millones.

Explicó que, con las nuevas regulaciones, las empresas tienen que invertir en investigación, desarrollo y mejora de las tecnologías.

Desde hace dos años y medio, las petroleras privadas tienen la obligación de reconocer el 12% de las utilidades a las comunidades y el 12% de los excedentes se destina a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Bajo esos parámetros, el Estado convocó la undécima ronda de licitación para investigación. Si los resultados son positivos, el primer barril saldría en 2019.