Uno de los sobrevivientes del deslave ocurrido el jueves pasado en la zona de Pueblo Nuevo (Azuay), afirmó que los más de 70 trabajadores que laboraban en la mina accidentada no estaban regularizados.

Del mismo modo, el cónsul peruano en la capital de la provincia de El Oro (Machala), Efraín Saavedra, dijo que, según le han relatado los familiares de algunos de los mineros, ellos no contaban con todos los beneficios de ley.

El representante diplomático estimó que en la zona afectada por el deslave  debieron estar no menos de 50 de sus coterráneos. Añadió que el  problema de la falta de papeles en regla es un mal que no se ha podido superar del todo.

Esta aseveración contrasta con los informes presentados recientemente por la Subsecretaría Regional de Minas de la Zona 7 sobre el avance de la formalización del trabajo minero. Según los datos, se ha  logrado regularizar a 1.500 trabajadores.  

No obstante, Saavedra anunció que luego de la emergencia se encargaría de  los asuntos relacionados con las indemnizaciones para los afectados, al igual que de lo concerniente a las prestaciones laborales que la ley ecuatoriana contempla. El cónsul aseguró que los trabajos mineros ocupan el primer lugar como causa de muerte debido a su peligrosidad.

Lo mismo cree el trabajador de una concesionaria minera cercana al lugar del desastre, quien accedió a hablar  a cambio de que no se revelara su identidad por temor a represalias. “La mayoría (de los empleados) de esta mina derrumbada era de peruanos ilegales. Aquí el trabajo es muy duro y poco remunerado en comparación con lo que  hacemos”.

Diego Sisalima, uno de los heridos por el deslave, también consideró que el trabajo minero es fuerte y que existe mucho riesgo en la actividad. “Se debería ganar más porque las labores son extremas”, opinó mientras era atendido en el hospital Teófilo Dávila, de Machala, al tiempo de decir que muchas personas (hombres, en su mayoría) buscan empleo en las minas porque en sus pueblos no hay fuentes de trabajo.

Un morador de la zona desde hace varias décadas confirmó aquello: “Aquí se vive de la minería, todo negocio se mueve por las minas. No hay mayor ganancia, pero al menos hay trabajo; la agricultura ya no daba para nada. El gran problema es que se trata de un área privada, no podemos ni sacar las escrituras de los lotes y si alguien le cayó mal a los de la cooperativa Bella Rica, lo mandan a sacar”.

Por su parte, el obrero Walter Malla dijo acerca de las condiciones laborales en la zona: “Trabajamos 22 días y nos dan ocho días de vacaciones con un sueldo de $ 500 de sueldo (promedio). Eso alcanza para mantener a la familia, pero cada día vivimos en riesgo a causa de los accidentes”.

De hecho, uno de los peligros latentes que existen en el sector son las constantes detonaciones que se realizan en la montaña. El nitrato de amonio es una de las sustancias utilizadas para hacer explotar grandes rocas en las minas.

Y pese a que su uso es ilegal, se lo puede encontrar fácilmente en la cabecera cantonal de Ponce Enríquez. “Nosotros subimos en la camioneta los sacos de amonio, que los vamos a retirar en una bodega de la Ponce”, contó un trabajador minero, quien prefirió no identificarse.

El obrero agregó que -a su juicio- las constantes detonaciones que se producen en la montaña ocasionaron el deslave, ya que las bases están debilitadas. “La lluvia de seis horas solo ayudó para que una parte de la montaña se viniera abajo”.

Esta afirmación contrasta, sin embargo, con lo dicho por  el viceministro de Minas, Francisco Auquilla, quien  aseguró   que el sistema de explotación minera que se aplica en Ponce Enríquez no tendría relación con el deslave.

En tanto, el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, informó que se realizará una investigación para conocer si los ciudadanos peruanos que laboraban en la mina donde ocurrió la tragedia, así como en otras del área, estaban regularizados y si contaban con las garantías necesarias para trabajar.