Las tres granjas y un predio que forman parte de la empresa Agroazuay GPA, manejada por el Gobierno Provincial de esta provincia, pasarán a manos del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

Este hecho se producirá en estos días, luego de que en el mes de marzo de este año,  la Senplades  notificó al Gobierno Provincial del Azuay sobre la terminación del convenio por incumplimiento, sin embargo la administración ha continuado por parte de la Prefectura ya que, jurídicamente, no hubo dicha transferencia.

Para el alcalde de Guachapala, Raúl Delgado, que a su vez es consejero, no se ha cumplido lo que se había propuesto esta empresa que era manejada por el Gobierno Provincial. “Incluso debía convertirse en empresa pública, pero nada, lo que hace que se rompa la cláusula del convenio”, dijo.

Para Delgado, existe preocupación por la utilización de las granjas, una en el cantón Guachapala,  otra en el Sigsig y una tercera en La Unión, del cantón Santa Isabel.

“Tenemos entendido que ahora pasará al Instituto de Economía Popular y Solidaria  y habrá una coordinación con los siete cantones e invertir un aproximado de $ 450 mil para reactivar estas granjas”, dijo el alcalde de Guachapala.

A más de las tres granjas, existe también un predio que forma parte de la empresa Agroazuay. Según la documentación, la empresa administrada por el Gobierno Provincial en el ejercicio económico hasta mayo de 2012 tiene una pérdida económica que alcanza los $ 105.233.

El 16 de octubre de 2011 se constituyó la compañía de economía mixta con un capital autorizado de $ 2.000 y un capital suscrito  de $ I.000, de los cuales $ 990, es decir el 99%, son de propiedad del Gobierno Provincial del Azuay y $ 10 es aporte del Colegio Agronómico Salesiano de Cuenca como accionista.

En marzo de este año, la Secretaría Nacional de Planificación, Senplades, dio por terminado unilateralmente el convenio que transfiere las tres granjas del ex CREA, ubicadas en Guachapala, Sigsig y Santa Isabel; y un predio ubicado en el cantón Ponce Enríquez.

“La Senplades se vio obligada a revertir la administración de tres granjas agrícolas y un predio, que están en franco deterioro y sin uso para los fines para los que fueron entregados al titular de ese Gobierno Provincial, Paúl Carrasco”, dijo en ese entonces la subsecretaria del Austro de la Senplades, María Caridad Vázquez.

Según el convenio interinstitucional, en el plazo de 8 meses, el GPA debía presentar una propuesta mediante la cual dicha entidad “implantara un programa integral de desarrollo agropecuario de impacto provincial, regional y nacional, el mismo que contempla la creación de centros tecnológicos para la producción y negocios agropecuarios en los mencionados inmuebles, así como la creación de la Empresa Pública Provincial de Producción y Negocios Agroproductivos del Azuay”, sin embargo el contenido del documento presentado el 15 de febrero del año en curso no recoge todos los objetivos del convenio y su alcance tampoco corresponde al de un programa integral, dijo Vázquez.

El acuerdo especifica que se debe disponer de los documentos reglamentarios de creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial de Producción y Negocios Agroproductivos;  “en su lugar su entidad presenta un proyecto para la  creación de la empresa de economía mixta Agroazuay GPA”, señaló en el documento la subsecretaria.

El 5 de agosto de 2011 el prefecto Carrasco pidió la solicitud para la conformación de la empresa de economía mixta “para el desarrollo y comercialización de productos agrícolas”. Pero hasta la fecha, a decir del viceprefecto David Acurio, no es una empresa mixta conformada por productores independientes o asociados, tampoco ha sido factible relacionarse con una empresa internacional para comprar los productos. Acurio también dijo que la empresa, a la fecha, no ha generado “ni un centavo por los servicios para los que fue creada, esto es: abonos orgánicos, alquiler de maquinaria, servicios de transporte y acopio de productos, no ha comercializado tampoco ningún producto”.

Un igual criterio tiene el alcalde de Paute, Miguel Fereño, que indicó que la Prefectura no cumple, no solo con la empresa Agroazuay, sino con los cantones que deben recibir el apoyo. Dijo estar de acuerdo con el traspaso a otras instituciones.

La empresa tiene una planta de 12 personas bajo contrato a plazo fijo y un gerente: “El déficit se debe a que los sueldos y gastos administrativos son más altos que los ingresos”, según  Acurio, y agregó que 8 personas se dedican al trabajo agrícola.