El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) estudia el inicio de acciones legales para sancionar a los responsables por la mala calidad de las casas que fueron entregadas en la ciudadela La Primavera, de Machala.

Estas viviendas fueron compradas por ciudadanos orenses al plan habitacional “Mi casa bonita”, desarrollado por el gobierno de Lucio Gutiérrez. Después de 7 años de reclamos, la cartera de Estado busca una solución al problema que afecta a 813 familias.

Las edificaciones levantadas al norte de la ciudad tienen losas de apenas 2 centímetros de grosor y están rellenas de espumafón. “Cuando llueve esto se inunda porque se filtra el agua debido a que la losa es muy fina. Lo mismo pasa con las paredes”, afirmó Freddy Cedillo, uno de los afectados y representante de más de 800 personas en similar situación.

Manifestó que un estudio particular contratado por los moradores determinó que las casas están avaluadas en $ 1.510 y no $ 8.000 como el Ministerio pretende cobrarles.

Edilberto Dávila, otro de los perjudicados, expresó que las viviendas fueron construidas de manera antitécnica, tal como lo señala un informe elaborado por Contraloría. “Se ha descubierto la mala calidad de la obra por parte de la constructora que estuvo a cargo en convenio con el Ministerio, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Municipio de Machala. Esperamos que se tomen las acciones en contra de todos los cómplices y encubridores de esta estafa”.

El ministro Pedro Jaramillo expresó que ya hay una comisión técnica que trabajará en las evaluaciones de las casas. “Es muy justo el reclamo de las personas que habitan en La Primavera, ya que a simple vista se puede ver que no son habitables”, precisó.

El secretario de Estado añadió que harán lo posible para investigar los hechos; mientras tanto, se ha instruido al BEV para detener las acciones hasta tener más clara la situación. “Lamentablemente no podemos condonar las deudas. La gente recibió un crédito y eso tiene que ser pagado al Estado ecuatoriano”, explicó. Las casas, de acuerdo a Jaramillo, no presentan ninguna clase de garantías para quienes las habitan.

De las 813 viviendas, el 80% está ocupado por familias de escasos recursos económicos, quienes haciendo un gran esfuerzo se postularon para ser beneficiarias del plan habitacional.

Los residentes están preocupados por la llegada del invierno, pues el agua se filtra a través de las losas, lo cual ha provocado daños en el piso y las paredes están cuarteadas.

A ello se agrega la falta de seguridad en la misma estructura. “No hay cómo construir nada ni mejorar esto por el temor de que todo se venga al suelo”, dijo uno de los perjudicados.

Jaramillo sugirió que una de las soluciones sería que la constructora responda al daño causado. “Ellos presentan una gran cantidad de excusas, pero nosotros tenemos todos los mecanismos legales para, inclusive, poder declararlos como contratistas fallidos del Estado en caso de que así sea”.

Henrique Merizalde, quien integra la comisión de defensa de los afectados, mencionó que en la obra no ha existido tratamiento de suelo, plintos y zapata corrida. “Nosotros necesitamos que se cumplan las sanciones y se reconozca a las familias en la forma que estamos solicitando, a fin de que se condone la deuda”.