La seguridad y el desempleo son las principales preocupaciones de los ciudadanos en América Latina y el Caribe; Ecuador no es la excepción. Necesitamos sentirnos seguros en casa, en el barrio, en la ciudad y en general cuando desarrollamos nuestras actividades.

La política estatal ha orientado su esfuerzo a fortalecer las instituciones de seguridad pública: Función Judicial, Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas y el sistema de Rehabilitación Social, lo cual es acertado; sin embargo, se ha debilitado la seguridad ciudadana.

Es necesario cambiar el enfoque centralizado de la seguridad ciudadana y desconcentrar a los gobiernos provinciales y municipales.

Los ciudadanos se sienten más identificados con sus autoridades locales y son ellos quienes deben aceptar este gran desafío y mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos.

Debemos romper paradigmas como el de necesitar más policías en las calles, o solicitar que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar en los barrios para sentirnos más seguros. El nuevo enfoque debe ser integral, abordando las causas del delito y la violencia y generar políticas públicas locales de prevención para sociedades más inclusivas y participativas.

Sin embargo, los gobiernos locales y provinciales no tienen presupuesto para asumir esta responsabilidad, por eso es necesario que desde la Asamblea se reforme la Ley de Seguridad Pública y del Estado para dotar de recursos y mejorar la seguridad de todos. (O)