El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud declarado por la ONU desde 1999 en reconocimiento a la importancia de que la juventud participe en la tarea de forjar el futuro de la humanidad y establecer un orden económico internacional, basado en la equidad y la justicia.

La juventud es una fase de la vida que va desde los 15 a los 24 años en algunos países y en otros llega hasta los 29 como es el caso de Ecuador, situación regulada en la legislación de cada Estado. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada en 2005 y en vigencia desde 2008, es el único tratado internacional que desarrolla de manera específica los derechos de los jóvenes.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), los jóvenes van en aumento, así se reporta que en la década del 50, del total de la población el 24,6% eran jóvenes, quedando por debajo de los menores de 14 años que llegaban a 39,6% y de los adultos (hasta los 59 años) que llegaban a 27,6%.

Para el año 2000 la proporción se modifica, los jóvenes suben a 28,3%, los menores de 14 años bajan a 34,4% y los adultos suben a 29,9%.

Es precisamente el período 2000 a 2020 en el que el aumento de la juventud determina el contexto social, económico, cultural y político en la región; consecuentemente, el desarrollo de políticas, normativa e institucionalidad debe valorar la adopción de medidas que permitan la participación juvenil desde una perspectiva complementaria a los derechos de los niños y adolescentes, adultos y adultos mayores.

La encuesta del Latinobarómetro, realizada por Cepal en más de 17 países, establece que los jóvenes desde el año 2000 manifiestan su preocupación en tres temas: educación, desocupación y desempleo; y, delincuencia y seguridad pública.

Una primera lectura de esta información nos permite concluir que las políticas de educación y empleo deben estar articuladas necesariamente; allí se instala no solo una demanda juvenil; sino el camino cierto de la dependencia a la autonomía. (I)

Patricio Benalcázar Alarcón
Especialista en Derechos Humanos