Todo impuesto se puede modificar, reformar o derogar; excepto el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Es un impuesto de lejos más eficiente que el Impuesto a la Renta y el IVA, inclusive, prácticamente no evadible. Usando la información de Panorama Fiscal de América Latina 2019 (Cepal) la evasión en Ecuador sería de $ 6.500 millones (IVA y Renta).

De otra parte, los costos de control y de gestión son mínimos. Solo pensemos en una auditoría tributaria profunda en IVA y Renta que le puede costar al Fisco entre
$ 40.000 y $ 70.000, cada una.

Se dice que afecta al inversionista que deja de invertir en Ecuador, ya que al repatriar recursos paga el impuesto. Posición que transmite un mensaje dañino y tergiversado de lo que significa vivir en sociedad; esto es generar riquezas y no pagar impuestos es lo legítimo, cuando lo natural en el mundo es ganar y no pagar impuestos, buscando replicar una visión de los Panama Papers para Ecuador. No dicen que los países que lideran el ranking del Banco Mundial, de las mejores economías para realizar negocios liderados Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca tienen sólidos sistemas tributarios y se pagan impuestos. El ISD que genera una recaudación de $ 1.200 millones sí determina que las ganancias obtenidas en Ecuador tanto por dividendos o por intereses, no pagan el impuesto, con lo cual aquel argumento no es veraz. Se sostiene que encarece los productos de la canasta básica, que precisan de la importación de insumos o maquinarias para su producción (Ej.: trigo) o la pérdida de competitividad de los productos que se exportan, por activos o materias primas importadas que generan ISD al exportador local. Cuando la ley prevé el derecho a crédito tributario con derecho a devolución del ISD pagado en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. Cuando debería asesorarse a las empresas para que se acerquen y soliciten la devolución del ISD a la administración tributaria. Por lo que, antes de sugerir ganar votos o generar ganancias empresariales a costa de sacrificar el gasto social, es preciso un pacto fiscal de los políticos de combatir y perseguir la
evasión tributaria, y de las empresas generar políticas internas de proteger el medio ambiente y prohibir la evasión tributaria, administradores, accionistas y empleados. (O)