La marcha convocada en Quito por el Frente Unitario de Trabajadores se realizó ayer. Los sindicalistas se dirigieron a la Corte Constitucional (CC) para entregar una alternativa a la propuesta de enmienda constitucional que presentó la Asamblea Nacional el pasado 26 de junio.

Los trabajadores tienen reparos en 2 de las 17 enmiendas que plantea el Legislativo, concretamente en la que hace referencia a los servidores públicos y en la Disposición Transitoria Única del documento. “En el artículo 229, suprímase el tercer inciso”. Este dice “Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”, reza la propuesta del oficialismo.

Los trabajadores plantean que “serán funcionarios públicos todas las personas que tengan a su cargo la formulación de políticas y que ejerzan funciones directivas en su organización”. Vareles explicó que de esta forma no se incluye a los trabajadores, sino solo a los directivos.

La Asamblea propone además que “en el artículo 326, numeral 16, luego de las palabras ‘o profesionales’ inclúyanse las palabras ‘y demás servidores públicos’ y suprímase la frase ‘Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo’”.

Frente a esto, los sindicalistas quieren el siguiente texto: “En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en donde haya la participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación administrativa, directiva o profesionales y demás servidores públicos deben ser regulados con la Ley de Servicio Público”.

La marcha de los sindicatos fue convocada tanto en Quito como en Guayaquil, aunque en diferentes horarios. En la capital la caminata se inició a las 10:00. Los trabajadores se concentraron en el parque de El Arbolito, al norte de la ciudad. Una vez que sus líderes arribaron se dirigieron a la Corte Constitucional, donde hicieron una plantonera y se reunieron con los magistrados.

Unos 15 representantes de los trabajadores fueron recibidos por la vicepresidenta de la Corte, Wendy Molina. También estuvieron los jueces Antonio Gagliardo, Alfredo Ruiz y María del Carmen Maldonado. La vicepresidenta de la Corte escuchó las ponencias de los trabajadores. Ante el anuncio de la marcha, Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales, indicó en representación del Gobierno, que “respetamos plenamente la libertad de movilización y expresión, todos tenemos derechos para hacer escuchar nuestras voces, aun por equivocada que sea. Sobre las enmiendas será la Corte Constitucional la que tomará la decisión que corresponda”.

Serán los magistrados de la Corte quienes califiquen si las enmiendas son o no aceptables. Para que tengan otros argumentos que valorar, los sindicalistas entregaron las alternativas que, según ellos, son más viables porque no merman sus derechos. Juan Vareles, integrante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), explicó que ellos presentaron una objeción al texto jurídico y que según la ley debe ser conocida al mismo tiempo que la propuesta legislativa. El Parlamento Laboral, conformado por otros 4 sindicatos del país, también ha mostrado su inconformidad con la propuesta, pero no se ha sumado a la marcha.

El texto entregado por la Asamblea también tiene una disposición transitoria que hace referencia a: “Las obreras y obreros del sector público que actualmente se encuentran sujetos al Código del Trabajo, no perderán los derechos garantizados por este cuerpo legal. Las y los obreros que ingresen a la administración pública, luego de la entrada en vigencia de la presente Enmienda Constitucional, se sujetarán a las disposiciones correspondientes que regulen el servicio público”, contempla el documento.