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En la Comisión de participación ciudadana hay seis normativas pendientes

Las enmiendas, 2 códigos y una ley constan como prioridad legislativa

Aunque el receso legislativo termina esta semana, la primera sesión del pleno está prevista para la próxima, probablemente el martes. Foto: Archivo/El Telégrafo
Aunque el receso legislativo termina esta semana, la primera sesión del pleno está prevista para la próxima, probablemente el martes. Foto: Archivo/El Telégrafo
03 de septiembre de 2015 - 00:00 - Redacción Política

El receso legislativo concluye mañana en el país y los asambleístas preparan sus agendas para continuar con los debates y los trámites de los proyectos de ley.    

¿Cuál es el balance sobre la gestión de la Asamblea hasta septiembre de 2015? En la página web de esa entidad se muestra que 11 leyes fueron aprobadas en lo que va del año y más de 30 han sido aceptadas en el actual período legislativo.

En ese grupo están las leyes de Recursos Hídricos, de los Consejos Nacionales para la Igualdad, de creación de las universidades (en total fueron cuatro), de Telecomunicaciones, de Reparación de las Víctimas; de Comunicación, de la Función de Transparencia y Control Social, de Justicia Laboral, reformas a la Ley de Seguridad Social, entre otras.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que las prioridades serán la ley de Tierras, los códigos de Salud e Ingenios, además de las 16 enmiendas constitucionales.

En este último tema, en octubre la comisión ocasional comenzará con la elaboración del segundo informe, que tendrá los aportes que han hechos los ciudadanos en más de 20 encuentros en todo el país y que han cubierto casi el 90% del territorio nacional.

El tope para discutir estos cambios es en diciembre puesto que la Carta Magna obliga a que entre el primer y segundo debate haya un año de diferencia. Son 16 enmiendas analizadas en la comisión ocasional especial.

De hecho una de las primeras actividades de la Asamblea será una socialización en Lago Agrio, reveló ayer la vicepresidenta Marcela Aguiñaga.

La Ley de Tierras, en cambio, atravesó por un proceso de consulta prelegislativa con los pueblos y nacionalidades del país.

Para culminar esta etapa aún falta un encuentro con las organizaciones nacionales. De allí vendrá el segundo y definitivo debate. Entonces la norma será revisada por el Presidente de la República.

Ley para prevenir el ’consumo de drogas

En la Asamblea, todavía hay más de 10 debates pendientes, uno de ellos es sobre la prevención de drogas. La legisladora María José Carrión, de Alianza PAIS, integra la Comisión del Derecho a la Salud y manifestó que ese proyecto se encuentra para segundo debate.

“Está elaborado casi el informe que pasaría para el segundo debate en el pleno. Otro es el de la reforma a la Ley de los Seguros Médicos que en principio se consideró como parte del Código de la Salud. Entonces entraría en el debate de la otra normativa”, explicó.

Antes de la vacancia -añadió la legisladora- la Ley de Prevención de Drogas fue socializada con estudiantes, docentes, padres de familia, movimientos sociales, instituciones del Estado y ciudadanía.

Ella señala que para prevenir el uso de drogas se han incorporado a la salud pública otros temas como  la  educación y la justicia. También se incluirá al deporte y la cultura para la prevención del consumo y así generar un ambiente saludable y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

Comisión de Participación Ciudadana tramita 6 proyectos

En la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social hay expectativa porque está previsto el análisis de 6 normativas. Así lo confirmó el legislador Fabián Solano, del Partido Socialista y presidente de la mesa legislativa.

El primer proyecto en tratar serán las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Al referirse a este proyecto explicó que la iniciativa plantea temas relacionados con la fiscalización y aclara los roles que otorga la Constitución de Montecristi a la Función Legislativa.

Otra es la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, propuesta por la Contraloría. Como parte de  este proyecto se prevé la visita del contralor Carlos Pólit este mes.

El objetivo de la norma es que los funcionarios públicos ahorren recursos y tiempo al realizar las declaraciones juramentadas en las notarías. La idea es que lo hagan mediante un formulario de la Contraloría General.

Otros cuerpos legales que la Comisión de Participación Ciudadana analizará son la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, así como el Código de la Democracia.

Solano aseguró que su mesa de trabajo está a la expectativa sobre si hay iniciativas u observaciones respecto a este proyecto. También se analizarán las reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Estos proyectos se encuentran recién para primer debate, excepto la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y la norma del Consejo de Participación Ciudadana.

Los legisladores quieren socializar las normativas. El objetivo es que la ciudadanía participe como  actor representativo de la sociedad y las entidades gubernamentales. “De ellos se recogerán las iniciativas y observaciones para construir leyes acordes con las necesidades de la sociedad”, afirmó Solano.

La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial espera la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Servicios Postales.

Quienes integran esa Comisión aseveran que este cuerpo legal asegura el derecho de los usuarios a la prestación eficiente, oportuna y segura de los servicios postales. También reconoce obligaciones a los ciudadanos.

Como parte de las actividades en la Asamblea se informó que mañana continuará el diálogo ciudadano por la equidad en Manabí. Ese encuentro es coordinado con el Ejecutivo, específicamente con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). (I)

DATOS

La Ley de Tierras es una de las normativas que sigue pendiente. Su trámite ha demorado por la organización de la consulta prelegislativa.

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea se encarga del análisis de este cuerpo legal y 490 organizaciones (indígenas y comunitarias)  se inscribieron para la consulta prelegislativa.

De esa cantidad, 428 organizaciones de primer grado se calificaron para la primera fase; 48 para segundo grado, mientras que para la segunda fase comparecerán 3 representantes por cada organización.   

14 grupos nacionales estarán en la última fase que se realizará en una mesa de diálogo. Se conoció que el 94% de los consultados aprueba la Ley de Tierras.  

El informe para segundo debate de la Ley de Tierras se elaborará después de realizar una mesa de diálogo nacional. Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, informó que esta se realizará luego de que la Presidencia de la Asamblea realice la convocatoria.  

Carvajal ratificó que tras aprobarse la Ley de Tierras, la Comisión se centrará en el proyecto de la Ley Semilla para mejorar la producción y  la soberanía alimentaria.  

En las audiencias que se hicieron en 23 provincias del país por la Ley de Tierras, los ciudadanos se pronunciaron sobre el reglamento a la Ley de Aguas y se identificó que había problemas.   

Otras normativas que se analizarán tras el receso en la Asamblea y consideradas importantes son las del Código de Ambiente, la de Prevención de Drogas, la de Movilidad Humana, y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Comisión de Justicia evaluará el uso del COIP

Con la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, la Comisión de Justicia evaluará la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014.

Así lo informó la vicepresidenta de esa mesa legislativa, Mariángel Muñoz (foto). “Es menester hacer una audiencia pública con diferentes organismos e instituciones que están a cargo, precisamente, de poner en ejecución y aplicación efectiva el Código Penal”, precisó.

El próximo 9 de septiembre se convocará al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh; al fiscal general, Galo Chiriboga; a la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y al defensor público, Ernesto Pazmiño, a un encuentro. La idea es hacer un balance sobre la nueva normativa y monitorear cómo esta se ha aplicado en el país. (I)

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