La Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC) avocó conocimiento de la consulta sobre el caso del ataque y muerte de integrantes de familias en aislamiento voluntario, ocurridos en la provincia de Orellana el 30 de marzo de 2013, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Esto surge luego de que el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, remitió la consulta a la CC sobre la aplicabilidad de una posible pena a los procesados por su presunta participación en el delito de genocidio.

Una vez que se avocó conocimiento, la CC, mediante un sorteo, designará a uno de sus jueces para la sustentación de la causa. El juez constitucional asignado para esta diligencia podrá invitar a entidades públicas, universidades, organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema, para que presenten sus informes técnicos.

En este proceso también se recibirán propuestas de diferentes organizaciones, antropólogos y más expertos, para contar con los elementos jurídicos, culturales, antropológicos y en derechos humanos.

La consulta fue solicitada por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia del 25 de marzo de 2014, por considerar que existiría una inconstitucionalidad de ley con relación a la sanción establecida en el Código Penal para la comisión del delito de genocidio.

El Código Penal, en el capítulo relacionado al genocidio y etnocidio, establece que la pena será de entre 16 y 25 años de reclusión mayor extraordinaria.

Hasta la fecha hay 17 personas inculpadas, 6 de ellas se encuentran con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, bajo un régimen especial de visitas, alimentación y más.

El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que esa sanción, en el caso de aplicarse sin el debido análisis, no cumpliría con la obligación de considerar que los procesados pertenecen a una nacionalidad indígena, con sus tradiciones ancestrales.