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Ciudadanos proponen una ley para medios públicos

En el taller organizado por el Cordicom participaron periodistas y asambleístas que analizaron las propuestas de reformas a la norma.
En el taller organizado por el Cordicom participaron periodistas y asambleístas que analizaron las propuestas de reformas a la norma.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo
01 de noviembre de 2018 - 00:00 - Redacción Política

Las reformas a la Ley de Comunicación que se encuentran en trámite para segundo debate en la Asamblea deberían incluir un capítulo que regule el ámbito de ejercicio de los medios públicos, de manera que se garantice su independencia.

Esa preocupación se manifestó durante un taller organizado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), efectuado este miércoles 31 de octubre en la Universidad Católica.

Al evento asistieron periodistas y dirigentes de organizaciones que trabajan en comunicación social para discutir enmiendas a la ley, la misma que está en camino de aprobación por los legisladores.

La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, manifestó que la normativa en construcción no contempla reglas específicas que aclaren la naturaleza, desarrollo, independencia y transparencia de los medios públicos.

Acotó la necesidad de impulsar una ley específica que garantice la diversidad, imparcialidad en su programación, así como la pluralidad de contenidos regulados por el interés del público, los cuales deberían contener materiales educativos, culturales y de fortalecimiento de la democracia.

Sin embargo, en la ley que discute la Asamblea no se contemplan esos principios y por el contrario consideran a los medios públicos empresas públicas que tienen su propia normativa con lo cual se pierde toda independencia del Gobierno.

Al respecto la asambleísta Jeannine Cruz, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos que está analizando la normativa, dijo que la Ley de Comunicación ha recogido todos los cambios pedidos por varios sectores de la sociedad, por lo que se eliminó el equivocado concepto de que la comunicación es un servicio público cuando se trata de un derecho. Además se elimina la Superintendencia de Comunicación, que se convirtió en un ente sancionador y que perseguía a medios y comunicadores.

Igualmente la ley ratifica la tabla salarial y establece los objetivos de los medios públicos. “Hemos revisado 14 proyectos de reforma y luego del primer debate 16 observaciones de asambleístas que se han incorporado”, dijo. (I)

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