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Asamblea aprueba reformas al Código de la Democracia

La Asamblea dio luz verde a cambios en el sistema de asignación de escaños electorales.
La Asamblea dio luz verde a cambios en el sistema de asignación de escaños electorales.
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Con mayoría de votos, el Pleno de la Asamblea aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Función Electoral, más conocida como el Código de la Democracia.

La Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código de la Democracia que incluyen el reemplazo del método de adjudicación de escaños: el sistema de Webster será sustituido por el de D’Hondt en los próximos comicios.

Estas modificaciones fueron tramitadas por la Comisión de Justicia, presidida por la legisladora del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Rosa Torres, quien destacó que el objetivo del proyecto es “fortalecer la democracia”.

Ahora le corresponde al Ejecutivo vetar o no la ley conforme la norma lo establece. 

¿En qué se diferencian el método Webster y el D’Hondt?

El método Webster, implementado en Ecuador desde las elecciones de 2021, es una fórmula matemática que permite la asignación proporcional de escaños. Consiste en dividir el total de votos obtenidos por cada lista entre una serie de números impares (1, 3, 5, 7, etc.), según el número de curules disponibles en cada circunscripción. Luego, se ordenan los resultados de mayor a menor y se asignan los escaños a los valores más altos. Este sistema favorece una representación más equitativa, permitiendo mayor participación de minorías políticas.

En contraste, el método D’Hondt también distribuye escaños de forma proporcional, pero tiende a beneficiar a los partidos que obtienen mayor votación, reduciendo la representación de listas con menor respaldo.

Otras reformas incluidas

La normativa aprobada también incorpora la participación de jóvenes y ecuatorianos residentes en el exterior en los procesos electorales nacionales, conforme a lo establecido en la Constitución. Además, se aclaran aspectos sobre el control del gasto electoral, los límites a las aportaciones económicas de candidatos y simpatizantes a las campañas, y se establecen procedimientos específicos para denunciar violencia política de género contra mujeres.

Finalmente, se definieron los porcentajes mínimos de votación y representación electoral que deben cumplir los partidos y organizaciones políticas para permanecer inscritos en el registro electoral.

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