Este viernes 11 de julio de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó una solicitud presentada por el asambleísta Santiago D. A. para solicitar una licencia sin remuneración, mientras la Fiscalía General del Estado sigue una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad. 

La petición, presentada por Díaz, contemplaba un periodo de ausencia de 31 días, desde el 8 de julio hasta el 8 de agosto, con el objetivo —según argumentó— de preparar su defensa legal ante el proceso penal que enfrenta. El legislador ha insistido en su inocencia.

Sin embargo, el CAL, órgano encargado de tramitar este tipo de solicitudes en la Asamblea Nacional, decidió rechazar el pedido de forma unánime. En un comunicado oficial, se explicó que la solicitud fue presentada incorrectamente, ya que se dirigió al presidente del Legislativo, Niels Olsen, en lugar del CAL, lo que contraviene lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el régimen de permisos superiores a 30 días.

La denuncia penal contra Santiago D. fue interpuesta el pasado lunes 7 de julio ante la Fiscalía General del Estado por el padre de la menor afectada. En el marco de las investigaciones, la Fiscalía ejecutó tres allanamientos en Quito, en los cuales se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa.

Tras conocerse la acusación, Santiago D.  fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5). Además, el legislador fue cuestionado por enviar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el cual pretendía establecer una edad de consentimiento sexual a los 14 años. 

La polémica reforma, que contó con apoyo de 10 asambleístas del correísmo, fue rechazada ampliamente por la bancada oficialista de ADN. De hecho, Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del Legislativo, dijo que mocionaría en el CAL para que se descarte cualquier tipo de normativa para "resolver problemas personales".

Santiago D. llegó al Parlamento como alterno de la asambleísta Priscilla Schettini, quien fue cesada de sus funciones en mayo de 2025 tras ser sancionada por ejercer violencia política de género contra la exfiscal Diana Salazar. Con la salida de Schettini, Díaz asumió como principal.

Por el momento, el proceso penal continúa en etapa investigativa y se espera que en los próximos días la Fiscalía emita nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) July 11, 2025