Asambleístas, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, acudieron este viernes hasta la Cancillería de Ecuador para pedir información sobre los aspectos legales y políticos que llevaron a conceder la naturalización a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. 

Fabricio Villamar argumentó que el australiano "perdió su calidad de asilado en el momento en que se le concedió la nacionalidad ecuatoriana". 

Se refirió al pedido que hiciera la Cancillería de considerar la acreditación de Assange como agente diplomático en la misión del Ecuador, lo cual fue negado por el Reino Unido.

Villamar dijo que se "intentó burlar" el derecho internacional, al pretender nombrarlo funcionario de la embajada.

"La preocupación sobre esto es cómo se están manejando las relaciones internacionales, que son prerrogativa del Presidente de la República". 

"Si (Assange) es funcionario de Ecuador tuvo que haber presentado informe de bienes a la Contraloría y certificación de que no tiene recursos en paraísos fiscales", apuntó Villamar. 

Añadió que "o va la señora canciller a explicar en el pleno de la Asamblea o va el Presidente de la República". 

La legisladora Paola Vintimilla apuntó que "lo que ha sucedido es gravísimo para las relaciones internacionales de nuestro país". 

"Hay que analizar qué le conviene al Ecuador, tener una buena relación con Reino Unido, tener buenas relaciones comerciales con Estados Unidos o con el señor Assange", apuntó. 

Explicó que el Partido Social Cristiano (PSC), al cual pertenece, pide la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.

Argumentó que se ha ocultado la información, puesto que en reuniones "reservadas" con la Comisión "nunca informó que había un pedido de Julian Assange de naturalización". 

René Yandún dijo que la política exterior "no está siendo correctamente llevada" y pidió que se rectifique todo el proceso que se ha realizado.

Mientras, Fernando Flores explicó que la información que sea entregada por la Cancillería será analizada "y nos reservamos el derecho de iniciar el juicio político a la canciller desde la Asamblea Nacional". (I)