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Asambleísta Rosa Torres propone reforma estructural a la justicia para enfrentar la crisis institucional

Rosa Torres plantea una reforma profunda a la justicia para frenar la corrupción y recuperar la confianza ciudadana
Rosa Torres plantea una reforma profunda a la justicia para frenar la corrupción y recuperar la confianza ciudadana
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La justicia en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. Así lo reconoce la legisladora Rosa Torres, quien presentó un proyecto de ley que plantea una reforma profunda al Código Orgánico de la Función Judicial, con la intención de reorganizar el sistema desde sus cimientos y enfrentar la corrupción estructural, la impunidad y la ineficiencia que, según indicó, han minado la institucionalidad.

Al representar a la segunda provincia más peligrosa del país, veo la necesidad de reformar cerca del 50% del Código Orgánico de la Función Judicial para subsanar problemáticas de fondo, que son estructurales”, explicó Torres. Agregó que su propuesta busca restituir la confianza ciudadana en la administración de justicia y aportar a una lucha más efectiva contra el crimen organizado.

El proyecto se sustenta en nueve ejes fundamentales, entre ellos: Blindaje ético del poder judicial, con la implementación de un régimen anticorrupción que incluye uso del polígrafo, auditorías ciudadanas de ética judicial y control patrimonial en unidades estratégicas. Transparencia y democratización, concursos de méritos y oposición transparentes para el ingreso y promoción de jueces y fiscales, rediseño del Consejo de la Judicatura, establecimiento de un nuevo régimen disciplinario diferenciado, modernización tecnológica, fortalecimiento de la Escuela Judicial y el impulso a los juzgados de paz.

Según Torres, el sistema judicial debe ser parte activa en la lucha contra la criminalidad, y eso implica asumir responsabilidades claras. “Para combatir la criminalidad es importante la corresponsabilidad, sobre todo de la Función Judicial”, afirmó.

La iniciativa legislativa no solo busca corregir fallas internas, sino también abrir un espacio de diálogo nacional para construir una justicia más eficiente, ética y cercana a la ciudadanía. La propuesta deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa.

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