Entrevista / Camille soulier / jefa de despacho de las américas de rsf

RSF solo registra las ‘amenazas’ de los medios de comunicación privados

- 26 de junio de 2014 - 00:00
La organización RSF considera los pedidos de rectificación como “forzosos” en su informe sobre la LOC. Foto: Archivo

Entrevista / Camille soulier / jefa de despacho de las américas de rsf

Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un informe al cumplirse un año de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El texto detalla un clima de censura en el país y se contradice con otro informe publicado meses atrás en el que se destacan progresos.

“RSF ha registrado 66 agresiones a periodistas y medios de comunicación”, contabiliza la organización. Este diario envió un cuestionario a la entidad, el cual fue respondido por Camille Soulier, jefa del despacho Américas de la entidad.

Cabe recalcar que el director de EL TELÉGRAFO, Orlando Pérez, fue demandado por el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, por un reportaje sin que RSF haya denunciado el hecho. Los hermanos Isaías y el Banco Pichincha acusaron al diario público de linchamiento mediático y exigieron rectificaciones, de lo que tampoco se hizo eco la organización.

¿Cuántas agresiones, amenazas y/o juicios hemos recibido los periodistas que laboramos en los medios públicos y en ELTELÉGRAFO en particular?

Este informe no es un balance anual, sino un análisis de la situación de la libertad de la información entre junio de 2013 y junio de 2014, después de la aprobación de la LOC. Entonces, no contamos todos los tipos de abusos a periodistas, como agresiones físicas. Por eso no hablamos, por ejemplo, de la agresión de Fernando Villavicencio a usted (a Orlando Pérez) en enero de 2014. Puede confiar que esta agresión está tomada en cuenta en el balance anual que se publica al final del año. Igual, consideramos que cualquier agresión a periodista, de medio público o privado, es un atentado a la libertad de información. Lo que queríamos demostrar es que la aplicación de la Ley, como ya hemos destacado varias veces, tenía algunos puntos positivos además de unos que son problemáticos, y tiene un efecto nefasto sobre la libertad de información.

Entonces dentro de los temas que sí consideramos (intimidaciones, campañas de desprestigio, rectificaciones forzadas, censura y procesos legales) la mayor parte de los medios hostigados a través de la Supercom son  privados. No hubo demanda por parte de la Supercom en contra de El Telégrafo u otros medios públicos. Estamos preocupados por el hecho de que medios que siguen la línea gubernamental como TCTV, Gama TV, CN+ publican reportajes televisados que solo retoman el punto de vista oficial, sin que los organismos de regulación tengan una crítica, lo que deja abierta la cuestión de su imparcialidad.

Para ser verdaderamente un informe, ¿a qué medios públicos y/o gubernamentales hacen referencia cuando señalan que periodistas y políticos como Martha Roldós, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita han sido acusados y/o acosados?

Nos referimos a una publicación de El Telégrafo, y la noticia estuvo retomada en Ecuador TV, TC Televisión, entre otros.

Siendo una entidad de periodistas, ¿cómo se entiende que la solicitud de rectificación constituya una amenaza a la libertad de expresión? ¿Tienen registro de cuántas demandas de rectificación o aclaración hemos recibido de actores políticos, empresariales y bancarios en el diario ELTELÉGRAFO, del modo más agresivo, ofensivo y hasta innecesario?

Deseo aclarar que al contrario de lo que dice, no asumimos nada gremial, no defendemos intereses financieros o cuestiones de seguridad de empleo, etc. No somos una entidad de periodistas, sino defensores de los derechos humanos. La única cosa es que el derecho humano que defendemos es la libertad de información, entonces por supuesto la mayoría de nuestros beneficiarios son periodistas. No consideramos que la solicitud de rectificación constituya una amenaza. La solicitud forma parte de la libertad de información también. Sin embargo, lo que para nosotros sí es una amenaza es la utilización de la solicitud de rectificación de manera abusiva para censurar o llegar a un estado de autocensura en un medio. Entonces si ustedes reciben este tipo de demanda agresiva u ofensiva, y sienten que afecta su trabajo periodístico, pues déjennos saber. Siempre puede acudir a RSF con ese tipo de información para que nosotros lo tomemos en cuenta para el balance anual y alertemos y denunciemos esa situación.

Después de una demanda de rectificación hecha por un actor político, empresarial o bancario, ¿ELTELÉGRAFO recibió una orden de rectificación por parte de la Supercom que les parecía abusiva? ¿Fueron sancionados por no rectificar?

DATOS

Según el informe de RSF “sigue existiendo una gran desigualdad en la atribución de frecuencias: cerca de 78% de ellas pertenecen a los medios de comunicación privados, 20% a los públicos y solo 1% a los medios de comunicación comunitarios”.

“Nos preguntamos cuáles serán los criterios empleados para determinar el valor de la información. En sí, los principios son buenos, pero al inscribirlos en la ley se corre el riesgo de exponer a los periodistas a la subjetividad de un juez o de la Supercom”, expresa el documento en relación a que la información debe ser veraz y contextualizada.

“¿Cómo probar que los medios de comunicación actúan de manera concertada?”, se pregunta la entidad sobre el linchamiento mediático, incorporado en la LOC. 

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