Gina Benavides: “Las desapariciones son la peor violencia”

- 21 de abril de 2019 - 00:00
Gina Benavides. Exdefensora del Pueblo, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Andina.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo

La catedrática hace un recuento de su paso por la Defensoría del Pueblo. Fue la primera mujer en dirigir la entidad, estuvo 11 meses hasta la designación del nuevo defensor. Benavides pidió que se despenalice el aborto y se fortalezcan las investigaciones de los desaparecidos.

Está nuevamente en su oficina del séptimo piso de la Universidad Andina. Allí retomará su cátedra de Derechos Humanos. Un pequeño perro mueve la cola y la sigue por donde va.

Gina Benavides, la primera mujer en desempeñar el cargo de defensora del Pueblo, dialogó con este Diario sobre la institución. Estuvo 11 meses al frente de la Defensoría.

¿Cómo recibió la institución?
Me impactó. Me encontré con una institución muy vertical. Parecía un ministerio y los  funcionarios trabajaban como en una institución pública. Los servidores están acostumbrados a ir a muchas reuniones en otros ministerios, porque tienen que coordinar y trabajar conjuntamente.

Les dije vamos a asesorar, a mirar si la política pública cumple con enfoque de derechos humanos. También  demandaban muchas directrices en los territorios y les dije que ellos deben tomar las decisiones y actuar conforme a derecho. También me encontré con una institución saturada con  gran cantidad de casos.
 
¿Cuántos casos y de qué?
No tengo la cifra exacta, pero el 70% de las atenciones son de consumidores y usuarios. Por ejemplo, casos de cobros de operadoras telefónicas. Y el 30% es de vigilancia del debido proceso, eso significa ir a las audiencias y hacer informes. El 10% es para hacer acciones jurisdiccionales, o sea activar las garantías constitucionales.

Esa competencia debería ser la principal de la Defensoría, porque no tenemos capacidades de sanción y es una institución que tiene un peso ético jurídico. La institución no tenía un informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador.

¿Qué dice ese mapeo sobre los derechos humanos en el país?
Empezamos a sacar todas las violaciones a los derechos humanos y los principales problemas en cada provincia. Fue un ejercicio interesante, porque encontramos que el tema de violencia contra la mujer no solo es en Quito, sino también nacional.

El tema de desaparecidos tampoco es solo de la capital, sino que está presente en algunas de las provincias. La discriminación es también transversal: a veces contra las mujeres; otras contra los grupos GLBTI; o contra extranjeros, pero en las zonas fronterizas al norte y sur del país.

¿Qué le llamó más la atención de ese análisis?
Hay otro tema nacional que es grave: la violación de derechos a la naturaleza. Hay provincias donde ya se han iniciado proyectos extractivos mineros o petroleros: Napo, Azuay o Loja, Carchi e Imbabura. La minería irregular está en las dos últimas provincias, no solo contamina el agua, por ejemplo, sino también la salud de sus habitantes.

Los megaproyectos provocan la división de la población porque la minería genera trabajo. Pero ¿qué pasará cuando se acabe la explotación? Creo que hay tensión en el país y esto se inscribe en el modelo de desarrollo.

¿Por qué es una prioridad para usted la lucha contra la violencia y la discriminación?
Porque si vives en un ambiente de violencia y de  discriminación no ejerces tus derechos y vas a reproducir eso también. La sociedad ecuatoriana necesita realizar un trabajo profundo para enfrentar esta situación de violencia.

He visto que piden cadena perpetua para enfrentar esos problemas, pero no se trata de aumentar la pena. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, establece que las sanciones se acumulen y, en este caso, pueden llegar hasta 30 años.

Es necesario crear una cultura que valore la diversidad, que respete a las personas. Tenemos que aprender a convivir, eso significa asumir y entender la riqueza del otro.

Usted solicitó declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario. ¿Por qué?
Hay un 79% de hacinamiento en los 23 centros de rehabilitación social del país. Me llamaba la atención que exista un mecanismo de prevención de la tortura y un mandato de visitar las cárceles del país.

Más de 47 informes hay del  tema y un diagnóstico que se hizo en la administración anterior, pero nunca salió a la luz. Es necesario cambiar esa situación e invertir dinero para que los presos tengan condiciones dignas y crear políticas de rehabilitación.

¿La Defensoría puede ayudar en el tema de los desaparecidos?
Es un tema importante y duro aquí en este país. La desaparición es la mayor violencia contra los familiares. Demanda al Estado ecuatoriano políticas más exhaustivas y sólidas. He visto que han aumentado los casos en los últimos 10 años. Se necesita dar elementos a los funcionarios de la Defensoría para que no minimicen esos casos, las primeras horas de la desaparición son clave.

Si no se actúa rápidamente no se encontrarán las pistas para dar con el paradero. Hablé con la fiscal Diana Salazar para solicitarle el fortalecimiento de los procesos de investigación en los casos de desaparecidos. No es un acto administrativo y no es un delito. La Asamblea discute sobre este tema, es necesario tipificar de la desaparición involuntaria con la figura del secuestro.

Usted pidió que se despenalice el aborto.
Hay recomendaciones de cinco comités internacionales que abogan por esto. Violar a una niña es una tortura, además obligarla a ser madre es también una forma de tortura porque no sintoniza con los derechos de los niños.

La decisión no debe ser forzada, el Estado debe brindar todas las condiciones para que la mujer pueda decidir. Pero aquí si abortas te vas presa, eso es revictimizar a la víctima. (I)

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