El 11 de septiembre de 2017 el presidente de la República, Lenín Moreno, anuncia al país la decisión de convocar a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie por propuestas de cambios en la Constitución.

Fueron 7 las preguntas que, según dijo en su momento, nacieron del análisis y de la necesidad de que haya un cambio en la estructura de poderes y, además, fortalezcan la lucha contra la corrupción en el sector público. Las  interrogantes nacieron de algo más de 450 propuestas enviadas por diferentes sectores de la sociedad.

Así fue como, luego de sortear las etapas en la Corte Constitucional y ser aceptadas en el Consejo Nacional Electoral, en diciembre se oficializó la realización de la consulta para el 4 de febrero de 2018. No hubo contratiempos durante esta etapa, pese a que el Ejecutivo no recibió la respuesta de la Corte Constitucional, que debía dar su aval ante la iniciativa presidencial.

Un total de 16 organizaciones políticas y otras 40 de sectores sociales se inscribieron para participar en el referendo y consulta popular de febrero, una vez que en diciembre se cerró el proceso en el que, entre otros temas, se consultaba sobre la eliminación de la reelección indefinida. Además de la muerte civil para quienes hayan cometido actos de corrupción en el sector público, entre otros temas.

La entonces vicepresidenta del organismo electoral, Ana Marcela Paredes, anunció en enero, mientras se desarrollaba la campaña, que los resultados de la consulta serían entregados 10 días después de las votaciones.

La campaña duró hasta el 1 de febrero: el 4 del mismo mes, más de 13 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas a votar. La jornada se desarrolló sin contratiempos y al final, cerca de las 20:00, se conocieron los primeros resultados: El Sí había triunfado en todas las preguntas, con un porcentaje promedio del 65%. Los ecuatorianos apoyaron los cambios.

El presidente Moreno expresó a través de su cuenta de Twitter que triunfó la democracia. Una vez conocidos los resultados, el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesó en sus funciones.

Dos semanas después, la Asamblea nombró un consejo transitorio que, a su vez, evaluó, cesó y nombró a nuevas autoridades electorales, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de Justicia y de las superintendencias. Fue el camino hacia la nueva institucionalidad en el país y que, a criterio de sectores políticos y sociales, fortalecieron la democracia. (I)