El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 8 de enero, con 115 votos afirmativos la Ley de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es aportar a combatir el cambio climático y cambiar hábitos de consumo eléctrico en el país, aprovechando la infraestructura y los incentivos normativos.
El informe del proyecto de ley elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico fue bien recibido por los legisladores que, en segundo y definitivo debate, aprobaron por unanimidad la normativa.
Uno de los principales ejes de la discusión fue el desarrollo de una movilidad sostenible, a través del fortalecimiento de la comercialización de vehículos eléctricos, sobre todo de transporte público.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz señaló que uno de los puntos que se ha considerado en la ley, es que para 2025 se establezca como una obligación que todo vehículo nuevo de transporte público urbano que ingrese o se desarrolle en el país, deberá ser eléctrico.
Puntualizó que este tipo de vehículo es mucho más económico y eficiente que los de consumo fósil, pero que actualmente una de las limitaciones es el costo de inversión para su desarrollo, barrera que será solucionada en al menos una década.
Al respecto, la asambleísta María Mercedes Cuesta señaló que el país debe impulsar la creación de electrolineras para cargar los vehículos, las cuales se podrían desarrollar con alianzas público-privadas.
Otro de los puntos que destaca la ley que será entregada al Ejecutivo en espera de su veto y posterior publicación en el Registro Oficial es la generación de sistemas alternativos energéticos como la fotovoltaica, para aprovechar la energía solar.
Por otra parte, crea un Fondo Nacional de Inversiones para la eficiencia energética, el cual se nutrirá tanto de la banca estatal, sino también de organismos internacionales y países desarrollados, a través de fondos verdes.
También, crea el Comité Nacional de Eficiencia Energética para crear políticas de eficiencia, donde estarán representando diferentes sectores privados y públicos, quienes articularán la emisión de políticas y la ejecución de planes y proyectos. (I)
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