Alianzas estratégicas mueven los recursos para cumplir propuestas de campaña

- 15 de febrero de 2019 - 00:00
Ilustración: El Telégrafo

Los gobiernos autónomos descentralizados estudian modelos de gestión para ejecutar las promesas de campaña. La vinculación con la empresa privada es una opción para optimizar recursos y reducir la dependencia con el Estado.

En el camino a las elecciones 2019, el menú de propuestas de campaña de los candidatos a prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales es variado, pero ¿cómo cumplir con las promesas de campaña con poco presupuesto?

Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales consideran necesaria una articulación con las diferentes administraciones del Estado.

Pero las alianzas público-privadas se presentan como opciones válidas para cumplir con los objetivos.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece los porcentajes que reciben los GAD del Presupuesto General del Estado (PGE).

A partir de ahí se distribuyen los recursos para cada nivel de gobierno, en función de su tamaño, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, entre otros.

Del total de las transferencias que el Estado entrega a los GAD, el 27% es para las prefecturas, el 67% corresponde a los municipios y el 6% para las juntas parroquiales.

El presupuesto para 2018 fue de $ 2.996 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas. De ese monto, $ 809 millones correspondió a las 23 prefecturas, $ 2.007 millones fueron para los 221 municipios y $ 179 millones para las 823 juntas parroquiales.

Sistemas vial y de riego son las prioridades de las prefecturas

Las prefecturas administran 77.000 kilómetros de vías rurales, y para ello necesitan aproximadamente $ 11.500 millones, explicó Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope).

Conscientes de que el Estado central no puede cumplir con esta obligación, Miño considera importante ejecutar alianzas en todos los niveles del Gobierno y trabajar con modelos de gestión que generen ingresos para realizar obras y mantener las vías.

El directivo cree que las concesiones viales son una salida, pero deben tener forma de repago, es decir, que en el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) pasen suficientes vehículos para mantener y justificar el peaje.

Otra opción es cobrar la contribución especial de mejoras viales rurales que se cobra en la matriculación vehicular. “Algunas prefecturas ya lo hacen”, señaló.

La segunda competencia son los planes de riego en el marco del Plan Nacional de la Secretaria Nacional del Agua (Senagua), para lo cual se requieren $ 2.800 millones.

Miño insiste en que se requiere un gran diálogo nacional, tanto para riego como para vialidad, y así establecer una política pública estatal y lograr un acuerdo para unos 20 años.

En ese tiempo el Ministerio de Obras Públicas, las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales “podemos trabajar en función de modelos de gestión para cada vía, en los que se pueda dar sustentabilidad”, señaló.

La autogestión

Miguel Ángel Solórzano, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas (AME), explicó que existen gobiernos cantonales grandes que generan ingresos por la recaudación de impuestos prediales, entre otras opciones.   

También existen los municipios pequeños que no generan más del 10% de ingreso a nivel de territorio, y dependen del 90% de las transferencias que hace el Estado.

Las necesidades principales son la dotación de agua potable, recolección de basura, manejo de desechos sólidos, atención de alcantarillado pluvial y sanitario. También asumen nuevas competencias como las de tránsito y minería.

Para cumplir con las obras, “no necesariamente dependerá de lo que el Gobierno aporta, sino de la autogestión”, indicó.      

Por ejemplo, en el cantón Santa Lucía, Solórzano firmó convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para la creación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en los cuales el municipio aportó con el 20% de su presupuesto y el Gobierno Nacional el 80%.

Como este, varios proyectos se implementaron al tocar puertas a la Prefectura del Guayas, al Gobierno Nacional y otras entidades de Estado.

Juntas parroquiales

En los sectores rurales existen necesidades que son competencias de los GAD municipales y provinciales. La junta parroquial es el primer contacto al que llega el campesino.

Otto Ordeñana, coordinador técnico provincial del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), considera que “la articulación” entre los tres niveles de los GAD es el camino para satisfacer las promesas de campaña. “Es necesario que logremos la gestión concurrente, la complementariedad y el trabajo en conjunto”, señaló.

El analista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, considera importante que el candidato a una dignidad conozca el presupuesto y el alcance en funciones, antes de hacer promesas. Además cree que las alianzas público-privadas son una alternativa importante y viable para concretar los planes y proyectos propuestos.

Sin embargo, agrega, se deben optimizar los recursos y reducir la dependencia del Estado debido a la crisis que está atravesando. “Hay una reducción del financiamiento, los recursos no son suficientes. Depender el 100% del Estado generaría problemas”, señaló. (I)

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