En 2010 la asambleísta Cynthia Viteri declaró que “hasta diciembre de este año habrán pagado $ 4 millones de nuestros bolsillos para poder liberar a 11.000 presos que están en las calles gracias a la actitud del Gobierno”, basada -sostuvo- en información de la Defensoría del Pueblo y acusó al presidente Rafael Correa de ser el “principal autor de que esas 11.000 personas presas estén en las calles volviendo a delinquir”, en referencia a quienes se les venció el plazo de un año sin sentencia.  

Su crítica se extendió después a la consulta popular de 2011 que planteó una profunda reforma al sistema de justicia y lo propio ocurrió en el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pese a ello, solo así se logró determinar que en el país había 1’699.154 juicios represados que se han evacuado progresivamente con la creación de nuevos juzgados y centros de mediación. Aquello incidió en que no haya más presos sin sentencia que puedan beneficiarse del sistema conocido como 2x1.

Y son varios los analistas que concuerdan en que una ley más represiva no incide en los índices de seguridad, sino en el entorno social.