El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) se solidarizó con el Estado ecuatoriano "ante los intentos de distorsionar, con fines políticos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre los derechos del pueblo Sarayaku, dictada el 27 de junio de 2012, para impedir la detención de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa", sentenciados por la justicia ordinaria en Ecuador.

Ese es uno de los puntos que consta en la resolución de la XIII reunión de cancilleres y delegados de los países miembros de la ALBA, que se desarrolló ayer en Caracas.

"Estas interpretaciones forzadas de la sentencia de la CorteIDH, respecto del estatus ilimitado de protección al territorio del pueblo Sarayaku, proponen el absurdo jurídico de permitir actuar a una comunidad al margen del ordenamiento jurídico nacional, lo que afectaría la aplicación de la justicia y el respeto al Estado de Derecho en el Ecuador y en la región, y contribuiría a fomentar la impunidad y minar la legitimidad de los Estados", sostiene la resolución.