La Procuraduría General (PGE) y el Ministerio de Finanzas presentaron a la multinacional Oxy una fórmula de pago. El lunes pasado el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dispuso que el Estado ecuatoriano cancele más de $1.000 millones a la transnacional.

El procurador general, Diego García, explicó que de parte del Ecuador hay la mejor predisposición de llegar a un acuerdo amigable, tal como lo anunció el presidente Rafael Correa.

El acuerdo al que se espera llegar busca canalizar el pago acorde a la realidad económica del país, y evitar que por vía judicial la OXY solicite un posible embargo de bienes y activos que tenga el Ecuador fuera de su territorio, hasta cubrir los $1.061’175 millones.

“Una mejor posición para Ecuador tendrá relación siempre con el valor a pagar finalmente, y con tiempo para hacer ese pago, pero las condiciones exactas (de la fórmula de pago y lo que se acuerde) es algo que todavía no puedo señalar. No hay plazo, la decisión (laduo final) se vuelve ejecutiva inmediatamente, pero las partes estamos conversando hasta que veamos que se pueda llegar a un acuerdo”, señaló.

García indicó, sin embargo, que el arbitraje no satisface al Ecuador, pese a que se logró una reducción de $ 700 millones con respecto al fallo del Tribunal Arbitral del Ciadi del 5 de octubre de 2012, que ordenaba al Estado pagar a Oxy $ 1.770 millones más intereses, con lo cual la cifra bordeaba los $ 2.000 millones.

Lea mañana detalles en la edición impresa de EL TELÉGRAFO