El gobierno de Ecuador rechazó afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas sobre el respeto del derecho a la libertad de opinión y expresión en este país.

Las autoridades nacionales lamentaron que a pesar de haber proporcionado siempre a las Relatorías de ambas instancias, toda la información sobre el respeto del derecho a la comunicación existente en Ecuador, se insista en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reiteran afirmaciones planteadas públicamente en innumerables ocasiones a ambas instituciones.

A juicio del gobierno, las acciones de CIDH y ONU "contribuyen únicamente a aumentar el descrédito de esas instancias y afectan la real protección de los Derechos Humanos".

Igualmente, las autoridades recuerdan que desde 2013, cada año, el gobierno presenta respuesta completa a la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH, en la cual reitera su posición sobre la carencia de legitimidad de ese ente y demuestra como su información está plagada de imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad.

Ecuador insiste en enunciar que los datos de los informes de la CIDH provienen de Fundamedios, organización abiertamente de oposición al Gobierno Nacional, la cual comparte importantes fuentes privadas de financiamiento con la Relatoría, restando toda objetividad e imparcialidad a sus reportes.

"La Relatoría se nutre de información proveniente de los directivos de la asociación de dueños de los medios de comunicación y responde a una agenda política y sectorial clara", precisa el comunicado.

"Cabe recordar, una vez más, que gran parte del financiamiento de la Relatoría no proviene del fondo regular de la Organización de Estados Americanos, sino de contribuyentes especiales de los Estados Unidos de América, incluyendo el salario del Relator", especifica.

Por otra parte, considera que las aseveraciones, realizadas el pasado 3 de noviembre, repiten los mismos puntos y en el mismo lenguaje de los últimos informes de la Comisión e insta al Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas a tener más cuidado a la hora de firmar ese tipo de documentos.

Finalmente, el gobierno rechaza todas las aseveraciones contenidas en el Boletín de Prensa sobre la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación, por estimar que pretenden desconocer la naturaleza y el real contenido de dicha normativa, cuya meta es garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión. (I)