Hasta antes de 2007, Pablo Romero Quezada era un personaje desconocido en la política ecuatoriana. Apareció en el gobierno de Alianza PAIS de la mano de los hermanos Ricardo y Raúl Patiño Aroca.

Romero es sociólogo y magíster en administración de empresas, y siempre incursionó en los ámbitos privado y público. Prueba de ello es que fue miembro del consejo de administración de Petroecuador entre 2005 y 2006.

La cercanía con Raúl Patiño se consolidó cuando Romero lo asesoró en el Parlamento Andino.

Fue subsecretario y secretario Nacional de Inteligencia entre noviembre de 2011 y marzo de 2014. Antes de aquello, a inicios del anterior gobierno, fue el hombre a cargo de la junta administrativa del fideicomiso que coordinó la construcción de la central hidroeléctrica Baba, iniciada por Odebrecht y continuada por la brasileña OAS.

Cuando era titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Romero habría agenciado fondos para una operación que implicó el intento de secuestro del activista y político Fernando Balda.

La planificación implicó el viaje de tres agentes uniformados que trabajaban en Senain hacia Colombia para contratar a una banda delictiva que trató de plagiar a Balda. Los cheques a favor de uno de los agentes son parte del proceso.

Balda alega que en 2012, cuando estaba en Bogotá, donde se había refugiado tres años antes, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

El exdiputado del Partido Sociedad Patriótica fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito, que adujo que el exasambleísta estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.

Luego, en enero de 2017, el entonces fiscal general Galo Chiriboga solicitó la detención de Pablo Romero con fines de investigación, ya que se presume su participación en el presunto delito de peculado, pero el auto se revocó en abril de ese mismo año. ¿La razón? La Senain remitió una información calificada como “secreta”, la cual modificó las circunstancias que dieron lugar al pedido de la Fiscalía.

A mediados de 2018, la Interpol en Madrid (España) detuvo a Romero por tener una difusión roja para su captura, solicitada por Ecuador, ya que él es señalado en el presunto secuestro de Fernando Balda. (I)