La Sala de Audiencias de Madrid autorizó la extradición del extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero. Su abogado Stalin Oviedo explicó que el jueves 17 de enero presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior.

Según él, para evitar la ejecución de la orden además manejan otra opción: un recurso Constitucional en España.

Romero, al igual que el expresidente Rafael Correa, fue implicado en el secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en julio del 2012.

El abogado indicó que “esta resolución no es de ejecución inmediata y es susceptible a la presentación de recursos, es decir, aún tenemos dos posibilidades para revertirla”.

Además aclaró que todavía falta el proceso de asilo político, “que está en trámite en España”, manifestó Oviedo.

Para el político Fernando Balda, la decisión de España de acceder a la extradición de Pablo Romero es importante porque reconoce la actuación de la justicia y del Estado ecuatoriano en este proceso.

“Hoy hablamos de un país, que acepta los argumentos del Gobierno para la extradición, porque cumplen con los requisitos legales”, dijo.

Esta resolución, agregó, demuestra que nadie puede estar seguro de mantenerse en la impunidad y abre paso para que suceda lo mismo, en algún momento, con el expresidente Rafael Correa. “Es decir, cuando él ponga un pie fuera de Bélgica será detenido por la Interpol”, acotó.

Además, Balda cree que será negada la apelación que presentará la defensa de Romero porque “es un tema demasiado serio”.

Proceso complicado

Pero ¿cómo se ha manejado la figura de la extradición en la historia?. Desde el siglo pasado, está considerada como una institución de Derecho Internacional Penal, con la cual un Estado solicita a otro, la entrega de un delincuente para los efectos de juicio penal o la ejecución de una sentencia condenatoria de última instancia.

El constitucionalista Carlos Estarellas define a este proceso como el acto por el cual un Estado entrega a un individuo acusado de una infracción cometida fuera de su territorio, para que el Estado solicitante lo juzgue y castigue como corresponde.

Según él, la extradición solo se aplica a los delitos comunes, como asesinato o en casos de actos de corrupción. “La extradición procede cuando el inculpado le corresponde la pena de prisión que se fije como mínimo de un año”.

Esta herramienta se la solicita vía diplomática, y en caso de que  no haya algún representante en dicho país, se la pedirá de gobierno a gobierno”, indicó.

Mientras el analista Miguel Macías dijo que en muchos casos la extradición de una persona que solicita Ecuador a otro país no ha funcionado porque el proceso no ha sido bien llevado.

Por ejemplo, muchas veces no se cumple con el envío de copias certificadas del caso que se sigue en el país solicitante. Así mismo por traducciones equivocadas o incompletas de los documentos que solicita el juez de un Estado para seguir con el proceso.

Macías recalcó que la extradición está sujeta a tratados internacionales y a las leyes de los distintos países. “En muchas ocasiones no se da la extradición en años. Un ejemplo claro es el de los hermanos Isaías, acusados de peculado, quienes residen en Estados Unidos”, indicó.

Explicó que de acuerdo a un principio básico internacional Ecuador no entrega a un compatriota a otro país, por un delito que este haya cometido en el exterior. Pero sí lo juzgará por esa falta cometida.

En la actualidad, existen tres sistemas de extradición: judicial, administrativo y mixto. Este último se aplica en el país cuando intervienen la Corte Nacional de Justicia, Cancillería y el Ministerio del Interior.

En el caso del exdirector de la Senain, el procedimiento que se está aplicando es el mixto, lo que motivó la decisión favorable para la extradición.

No obstante para que continúe el trámite, primero deben evacuarse todos los pedidos que los abogados de Romero están gestionando en España. (I)