La última acción del anterior mando militar fue criticar el débito de $ 41 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). El entonces jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, pidió al Gobierno que se respeten los recursos.

La reacción de los militares llegó un día después de que Patricio Barriga, secretario de Comunicación, anunciara que la cartera de Finanzas debitará $ 41 millones al Issfa que pagó demás el Ministerio del Ambiente (MAE) en la compra de 66 lotes de terrenos ubicados en el parque Samanes, en Guayaquil.

En una conferencia de prensa -en la que no se dio paso a preguntas- Garzón citó el artículo 372 de la Constitución, el cual señala que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Según la normativa, “ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”.

La conferencia de prensa se realizó en presencia de las autoridades de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Todos se enlazaron en videoconferencia para escuchar el pronunciamiento de su superior. En la sala también estuvieron los miembros del Consejo Directivo del Issfa, el coronel en servicio pasivo Bolívar Silva y el suboficial primero en servicio pasivo Alejandro Valverde.

Garzón señaló que las 3 ramas de las FF.AA. dan por sentado que el proceso de compra-venta de los terrenos de Samanes fue un acto jurídico con plena validez. “Defendemos la posición institucional de que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente por las 2 instituciones, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo ni tiene vicio alguno”.

El secretario de Comunicación advirtió el pasado jueves que dicho contrato podrá ser glosado por la Contraloría General del Estado, ya que por esos predios se pagaron más de $ 48 millones, lo que significan $ 41 millones demás y que “deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano”.

Frente a esta posición, Garzón dijo estar seguro de que “la Contraloría y los órganos competentes otorgarán la razón al Issfa”. “Los recursos de la Seguridad Social Militar le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias por lo que es obligación del Estado su protección y preservación”, expresó.

El miércoles pasado, un grupo de militares en servicio pasivo, encabezado por el exasambleísta Fausto Cobo, protestó en el Ministerio de Defensa. Los simpatizantes intentaron romper el cerco policial que custodiaba el edificio. (I)

"No se afectarán pensiones del servicio pasivo"