La superintendenta de Compañías, Suad Manssur, y el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, tienen seis días para presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) un informe de su gestión.

Así lo resolvió el pleno de este organismo que lleva adelante una evaluación a las autoridades de control, conforme al mandato surgido de la consulta popular del 4 de febrero anterior.

El CPCCST sesionó ayer en Guayaquil. La reunión tuvo un orden del día con 16 puntos, entre los cuales estaba la aprobación del presupuesto, el reglamento de selección de autoridades y recibir en comisión a dirigentes de colectivos sociales.

Entre ellos estuvo Martha Roldós, como representante de los derechos humanos; Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE); Xiomara Jara, dirigente barrial de Monte Sinaí; Luis Moncayo Palma, integrante del grupo de los héroes y heroínas.

También Juan José Castelló, vocero del Fondo de Cesantías del Magisterio; Gorki Guerrero, representante de los jubilados; y el abogado Hernán Ulloa, quien presentó denuncias en contra del Consejo de la Judicatura.

Julio César Trujillo, presidente del CPCCST, contó que en la tarde del miércoles recibió en Guayaquil más de 80 denuncias en contra de la Judicatura. “Por ello comenzamos con la entidad que tiene el mayor número de quejas y denuncias”.

El consejero Xavier Zavala Egas señaló que, debido a la afluencia, se amplió hasta hoy el plazo para receptar denuncias de corrupción.

Judicatura responde al CPCCST
Mediante un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura informó que está procesando los informes solicitados y añadió que cumplirá con su presentación en los plazos establecidos.

Además, detalló la entrega de otros requisitos solicitados por el CPCCST, como el presupuesto anual desde 2013 a 2018; lista, detalle y montos asignados a los proyectos de inversión en el mismo período; concursos realizados en la carrera judicial administrativa; expedientes y copias sobre las denuncias de supuesto tráfico de influencias en los concursos de méritos  y oposición para designación de fiscales, entre otros documentos.

Sobre la suspensión del concurso para la elección de jueces y fiscales, la consejera del Consejo Transitorio, Myrian Félix, enfatizó que “no existe ningún atropello” por parte del CPCCST.

“Esa potestad nos la dio el mandato tres y estamos evaluando a la autoridad principal”. (I)