El cambio de Gobierno en Brasil proyecta a partir de hoy una sombra de dudas e interrogantes sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cuyos preparativos ya están casi a punto y que ahora serán inaugurados por el nuevo presidente en ejercicio del país, Michel Temer, dentro de 84 días.

Desde todos los estamentos responsables de la organización, partiendo por el Comité Olímpico Internacional (COI) hasta las autoridades locales, se ha insistido en que el proceso destituyente contra la ahora presidenta apartada, Dilma Rousseff, no tendrá repercusión en los Juegos, según una publicación del diario La Tercera.

Sin embargo, las ramificaciones de la crisis política pueden alimentar protestas de los partidarios de Rousseff, que pueden usar el escaparate de los Juegos para dar visibilidad a su lucha contra el proceso de destitución que consideran un golpe de Estado encubierto.

El presidente del Comité Organizador de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman, admitió recientemente que sería preferible un escenario sin crisis, aunque descartó que tenga repercusión en los Juegos, una posición compartida por el COI.

Según la directora de la comisión de coordinación del COI para los Juegos de Río, Nawal El Moutawakel, la crisis política “no está causando impacto porque las instalaciones se han entregado a tiempo” y porque los preparativos se encuentran en la fase operacional, en la que el Gobierno brasileño ya no tiene responsabilidades.

A pesar de todas estas manifestaciones de confianza, el propio Temer se vio obligado a transmitir al COI un mensaje de tranquilidad, para lo que usó de intermediario al alcalde de Río, Eduardo Paes.

Temer le comunicó al COI que mantendrá todos los compromisos asumidos por el Gobierno de su predecesora para los Juegos de Río.

En las últimas semanas, los movimientos sociales de izquierdas, entre ellos los campesinos sin tierra y los ‘sin techo’, han realizado una serie de protestas contra el proceso de destitución, que han incluido la ocupación de fincas rurales y la obstrucción de carreteras, y prometen mantenerse movilizados contra el nuevo Gobierno.

Un total de 47 mil policías y bomberos, 38 mil militares, 13 mil miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y más de 3.500 efectivos de la Policía Federal estarán dedicados a la prevención de incidentes y a la protección de todos los participantes en estas justas. (I)