Gremios empresariales y cámaras de producción expresaron preocupación y rechazo frente a una decisión de la Corte Constitucional (CC) que limita la posibilidad de que el Estado concesione servicios de energía eléctrica a la empresa privada bajo el argumento de “interés público”, una medida que —advierten— podría impactar en la inversión, la competitividad y la estabilidad del suministro.

El pronunciamiento del sector productivo se da tras conocerse el alcance de una sentencia relacionada con el artículo 25, numeral 1, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, disposición que fue declarada inconstitucional por permitir delegaciones al sector privado sin delimitar claramente el carácter excepcional previsto en la Constitución.

En un comunicado difundido este 11 de enero, la Cámara de Comercio de Quito sostuvo que la resolución genera “impedimentos” en un momento en que el país requiere soluciones estructurales para garantizar sostenibilidad y eficiencia del abastecimiento; su presidenta, Mónica Heller, añadió que la decisión “no ayuda al país” y frena cambios necesarios.

A su vez, el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) pidió reglas que favorezcan la inversión y el trabajo público-privado, mientras que la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) calificó el fallo como “un retroceso” que restringe aún más la participación privada y cuestionó una interpretación “restrictiva” del principio de excepcionalidad.

La Cámara de Industrias y Producción advirtió que el fallo sería “grave para el país” por el riesgo que —a su criterio— implicaría para el suministro eléctrico y la competitividad ante un eventual “retorno de los apagones”. En la misma línea, la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla) señaló que la medida podría trasladar su impacto a la producción y exportaciones, debilitando la inversión privada y afectando confianza y seguridad jurídica.

En paralelo, el Gobierno reiteró su rechazo a la decisión y llamó a contar con instituciones “responsables y diligentes”.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que la resolución no es retroactiva y que, con los criterios señalados, se buscará viabilizar los proyectos en proceso de aprobación.

#Boletín?| El Gobierno Nacional, junto al sector productivo empresarial expresan su preocupación y rechazo frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional que impide la concesión de servicios eléctricos a la empresa privada.

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— Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) January 11, 2026

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#Nacionales | La ministra Inés Manzano aseguró que el fallo de la Corte Constitucional sobre el sector eléctrico no es retroactivo y buscó enviar un mensaje de tranquilidad a inversionistas. #LéaloEnET: https://t.co/sACeVkr4ML pic.twitter.com/JtIDTBnGIe

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) January 11, 2026