La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, y aseguró que el proceso ha pasado por fases rigurosas de revisión técnica, consultas ciudadanas y sentencias judiciales, con el objetivo de garantizar transparencia y responsabilidad en su desarrollo.

Manzano recordó que este proyecto tiene más de dos décadas de antecedentes, pues inició en 2003, en 2010 se inscribieron los títulos mineros, y en 2022 se estableció el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo bajo el régimen de gran minería. A partir de este gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, dijo, se han reforzado los procesos de control para brindar confianza a la ciudadanía.

“Este proyecto no impone ni divide. Al contrario, busca construir confianza con transparencia, unidad y respeto. Porque no se trata de escoger entre la gente, el agua o la minería; se trata de hacer las cosas bien”, expresó la ministra.

Licencia ambiental y consulta previa

El 23 de julio, el Ministerio de Ambiente entregó la licencia ambiental para la fase de explotación del proyecto, tras un proceso inédito de consulta previa, libre e informada con las comunidades locales.

Manzano destacó que, por primera vez, este procedimiento contó con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que, según la funcionaria, constituye un hecho histórico para el país en materia de gobernanza ambiental.

Sin embargo, el 6 de agosto, la ministra ordenó suspender temporalmente el proyecto y dispuso que la empresa concesionaria difunda públicamente el plan de manejo ambiental, para que los ciudadanos conozcan de manera detallada las acciones destinadas a proteger la seguridad hídrica, la biodiversidad y el bienestar de la población cuencana.

Minería legal vs. minería ilegal

Durante su intervención, Manzano subrayó que el verdadero desafío es enfrentar la minería ilegal que, dijo, devasta ecosistemas sin control y sin ningún tipo de responsabilidad ambiental.

“La mejor manera, y la única manera real, de combatir la minería ilegal es con una minería legal, formal y estrictamente vigilada”, afirmó.

La ministra enfatizó que el contrato con la empresa concesionaria no es un cheque en blanco, sino un acuerdo con condiciones claras, en el que el Estado mantiene la potestad de vigilar y exigir el cumplimiento de cada compromiso ambiental y social.

Contra la politización de la minería

Manzano también criticó a sectores que, a su juicio, han intentado convertir el tema minero en un debate electoral o ideológico, generando división y desinformación.

“Convertir la minería responsable en un tema electoral es parte de la vieja política que no le importa poner en riesgo el desarrollo económico y la estabilidad social de la gente. Ecuador no puede caer en esos juegos”, señaló.

La ministra aseguró que el gobierno continuará protegiendo el ambiente y garantizando que cualquier actividad extractiva cumpla con estrictos estándares de control y transparencia, buscando un equilibrio entre desarrollo económico y protección de la naturaleza.

Un proceso bajo vigilancia

El proyecto Loma Larga continúa bajo análisis y observación, mientras se socializa su plan de manejo ambiental con la ciudadanía. Según la ministra, el objetivo es demostrar que en el país es posible impulsar proyectos productivos sin sacrificar los recursos naturales y generar confianza en la gestión estatal.

“Estamos demostrando que podemos promover el desarrollo responsable y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro compromiso con la naturaleza y las futuras generaciones”, concluyó Manzano.

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