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Ecuador / Sábado, 21 Marzo 2026

Fiscalía responde a publicaciones en redes sobre cooperación con España en caso Fernando Villavicencio

Fiscalía aclara pedido de asistencia penal a España en caso Fernando Villavicencio

Fiscalía responde a publicaciones en redes sobre cooperación con España en caso Fernando Villavicencio
Foto: Internet
La Fiscalía aclaró el alcance de la asistencia penal internacional solicitada a España dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, y precisó que la diligencia buscaba receptar la versión de Wilmer Ch., alias “Pipo”, previo a una eventual vinculación procesal.
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La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para aclarar las versiones que circulan en redes sociales sobre la Asistencia Penal Internacional (API) solicitada al Reino de España dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según la institución, en el marco de esta causa se identificaron indicios que vinculan a Wilmer Ch., alias “Pipo”, por lo que el 25 de noviembre de 2025 se solicitó a España, a través de cooperación internacional, la notificación y recepción de su versión, diligencia previa a una eventual vinculación procesal.

La Fiscalía explicó que el 12 de marzo de 2026, las autoridades judiciales españolas remitieron una consulta a la Dirección de Asuntos Internacionales de la FGE sobre un pedido presentado por la defensa de alias “Pipo”, que buscaba obtener copias de la versión rendida y del audio de esa diligencia.

Frente a esta solicitud, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, manifestó el 13 de marzo su negativa a entregar esa información, al considerar que rige el principio de especialidad, que limita el uso de los datos obtenidos mediante asistencia penal internacional exclusivamente al objeto para el cual fue requerida.

No obstante, la institución precisó que esa respuesta no impide que las autoridades judiciales del Reino de España adopten la decisión que consideren pertinente, de acuerdo con su propia normativa interna. En ese sentido, la Fiscalía ecuatoriana dejó en manos de la justicia española la resolución final sobre una eventual entrega de la información solicitada.

En su pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado ratificó su compromiso con la verdad procesal y el debido proceso, e instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.

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