La causa conocida como Liga2 avanzó este miércoles 18 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, donde la jueza Daniella Camacho declaró la validez procesal de todo lo actuado dentro de la instrucción fiscal, descartando vulneraciones al debido proceso.

Con esta decisión de Camacho, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, inició la sustentación de su dictamen acusatorio contra siete personas, a quienes ubica como autores directos del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.

Los acusados por Fiscalía

Entre los procesados constan el excandidato presidencial Andrés Arauz y el exconsejero Augusto Verduga, además de Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz, Raúl González y Esther Cuesta, todos vinculados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a la denominada Liga Azul.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso investiga una presunta planificación para influir en el control de entidades clave del Estado, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, con el fin de favorecer a la Revolución Ciudadana.

Durante su intervención, Alarcón sostuvo que la investigación expone un mecanismo mediante el cual el CPCCS habría sido “cooptado por personas afines a un partido político”, con el objetivo de concentrar poder, “convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”.

Las penas que pueden afrontar

El delito de asociación ilícita establece penas de entre tres y cinco años de prisión para quienes se agrupen con el fin de cometer infracciones sancionadas con privación de libertad.

Una vez presentada la individualización de los acusados, la Fiscalía continuó con la exposición de los hechos que sustentan el pedido de llamado a juicio. En medio de la diligencia, el fiscal solicitó que la audiencia se desarrolle hasta las 14:00 por compromisos institucionales.