La Fiscalía General del Estado aseguró que, durante la audiencia de juicio del denominado Caso Triple A, demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Según la entidad, la investigación apunta a una supuesta estructura que habría operado mediante empresas comercializadoras y distribuidoras, generando un millonario perjuicio al Estado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el procesado Aquiles A. habría actuado como representante legal, presidente y accionista mayoritario de las empresas Codepesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel. Fiscalía sostiene que las autorizaciones obtenidas por al menos tres de estas compañías para su operatividad habrían sido otorgadas de manera irregular y que, tras conseguir esos permisos, se habrían suscrito contratos con estaciones de servicio ubicadas en zonas fronterizas de Zamora, Loja y El Oro.

#CasoTripleA | #FiscalíaEc señala que en el desarrollo de la audiencia de juicio demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos ⬇️ pic.twitter.com/hUZYRB8woj

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 8, 2026

En el mismo caso, la Fiscalía también menciona a Javier A., quien, en calidad de representante legal de Codepesa, habría firmado contratos con la estación de servicio La Chilca. Además, señala a Fernando V., primo de Aquiles Á., como la persona que asumió la representación de varias de las empresas investigadas desde el 19 de julio de 2024, período en el que, según la acusación, habría continuado la operatividad de la presunta infracción.

La investigación fiscal se inició tras una denuncia presentada por la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel). En ese reporte se alertó sobre supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, debido a diferencias significativas entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. Fiscalía sostiene que el perjuicio económico al Estado ascendería a USD 61,5 millones, correspondiente a más de 22,7 millones de galones de combustible, entre diésel y gasolina.

Entre los principales hallazgos expuestos por la entidad constan informes periciales que advertirían que las capacidades reales de almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardaban relación con los volúmenes adquiridos a las empresas procesadas. Asimismo, se detectaron presuntas inconsistencias en la venta de combustible en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y en sectores con presencia de minería ilegal, donde incluso se habría registrado la venta de diésel y gasolina a un mismo vehículo en volúmenes incompatibles con su capacidad operativa.

En el segmento naviero, la Fiscalía asegura que también se habrían cometido irregularidades. Según su versión, la empresa Ternape habría recibido volúmenes incompatibles con su capacidad de almacenamiento y desviado combustible desde el segmento naviero nacional hacia el industrial, específicamente a Corpalubri. Además, se reportan presuntas ventas internacionales irregulares por montos superiores a lo despachado por la comercializadora, así como comercialización de combustible a embarcaciones sin matrícula y a empresas inactivas.

Con estos elementos, la Fiscalía sostiene que durante el juicio buscará acreditar la existencia de una articulación entre empresas comercializadoras y una operadora vinculadas a los procesados, que entre 2020 y 2024 habrían vendido combustible a distintos segmentos de comercialización en zonas fronterizas y de mar territorial, tras obtener permisos y autorizaciones que, según la acusación, fueron conseguidos de manera arbitraria.

#CasoTripleA | Claves de la investigación
El desvío de más de 22 millones de galones de combustible habría causado un perjuicio económico de 61 millones dólares

En este video te contamos cómo operaba la presunta estructura y la tesis de #FiscalíaEc. ⬇️ pic.twitter.com/gvLyrDeD1J

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 7, 2026

También le puede interesar:

#Atención | Con base en los hechos presentados por la agente fiscal del caso, un tribunal resolvió revocar las medidas alternativas de Aquiles A. y dictar su prisión preventiva. #LéaloEnET: https://t.co/HmPuzVLLUc pic.twitter.com/Wh8DwmggmO

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) March 8, 2026