La victoria del “No” en la primera pregunta del Referéndum y Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025 cerró la puerta a la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una de las apuestas centrales de la estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa. Con algo más del 60 % de votos en contra, según datos preliminares del CNE, el país decidió mantener intacto el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe ese tipo de infraestructura.

La interrogante planteaba eliminar la prohibición de establecer “bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares” y de ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países, mediante una reforma parcial a la Constitución.

Lo que buscaba el Gobierno… y lo que no se podrá hacer

Para el Ejecutivo, la autorización de bases se enmarcaba en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Noboa defendió la idea como una herramienta adicional frente al narcotráfico, en un contexto en el que Ecuador se ha convertido en un punto clave para la salida de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El anexo de la pregunta 1 detallaba que la instalación de bases o instalaciones extranjeras habría permitido, entre otros aspectos:

• Mayor capacidad de vigilancia aérea y marítima sobre las rutas del narcotráfico en el Pacífico, mediante radares, aviones de patrullaje y sistemas de monitoreo de última tecnología.
• Operaciones conjuntas permanentes con fuerzas de países aliados, con capacidad de reacción más rápida ante embarcaciones o aeronaves sospechosas.
• Intercambio directo e intensivo de inteligencia sobre organizaciones criminales, sus finanzas y rutas logísticas.
• Entrenamiento y equipamiento especializado para Fuerzas Armadas y Policía, sin depender solo de misiones temporales o programas de cooperación ya existentes.

En la práctica, el “No” significa que Ecuador renuncia a ese nivel de presencia permanente de fuerzas extranjeras en puntos estratégicos como Manta o Salinas, mencionados por el propio Gobierno como posibles sedes, evocando el antecedente del Puesto de Operaciones Avanzadas de Estados Unidos que funcionó en Manta entre 1999 y 2009.

La carta estratégica que no se jugará

Para quienes respaldaban el cambio constitucional, Ecuador pierde sobre todo una carta estratégica en el tablero de seguridad regional:

• La opción de convertirse en un espacio clave de la arquitectura de defensa del Pacífico oriental, con presencia de aliados que ya operan en la región.
• Una herramienta de disuasión frente a redes criminales que operan en puertos, fronteras y rutas marítimas.
• Posibles inversiones en infraestructura, empleo local y servicios alrededor de las zonas donde se habrían instalado las bases, como ocurrió en su momento en Manta con obras y movimiento económico asociado a la presencia de personal extranjero.

Analistas consultados apuntan a que, con la propuesta archivada en las urnas, el Gobierno deberá recalibrar su estrategia de seguridad y apoyarse en otros mecanismos de cooperación internacional que no impliquen bases permanentes: acuerdos de intercambio de información, operaciones conjuntas temporales o refuerzo interno de capacidades militares y policiales.

“La cooperación no se cierra”: voces expertas

Para la especialista en seguridad Katherine Herrera, el resultado del referéndum no supone el fin de la cooperación internacional, sino la necesidad de profundizarla por otras vías:

“La cooperación internacional continúa. El crimen organizado transnacional tiene otras formas de operar en donde la dinámica delictiva ha mutado y diversificado su capacidad. Es ahí donde la cooperación entre las naciones debe estar más sólida en cuanto intercambio de información e inteligencia para seguir su rastro. No hay que pensar que con esto se cerrará la cooperación internacional”.

Herrera señala que se pueden mantener y ampliar instalaciones y programas de carácter civil, como las oficinas de seguridad de Estados Unidos ya presentes en el país, sin que ello contradiga la prohibición constitucional de bases militares extranjeras.

En la misma línea, el exviceministro del Interior Max Campos subraya que el “No” no impide seguir trabajando con otros Estados en la lucha contra el narcotráfico:

“No significa que no se dé la posibilidad de tener cooperación, a que Estados Unidos u otro país nos pueda brindar apoyo en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, hay convenios de cooperación para apoyar a la Policía Nacional y fortalecer sus capacidades técnicas y operacionales”.

Los acuerdos vigentes de operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y patrullaje marítimo y aéreo con Estados Unidos y otros socios se mantienen, más allá del revés sufrido por la propuesta de bases.

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