Ecuador / Viernes, 20 Febrero 2026

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Proceso de deportación de personas colombianas se realiza con apego al derecho internacional, destaca Cancillería

Ecuador garantiza respeto a los derechos humanos en proceso de deportación de ciudadanos colombianos

Proceso de deportación de personas colombianas se realiza con apego al derecho internacional, destaca Cancillería
Foto: Internet
Cancillería y el SNAI lideran un proceso de deportación conforme al derecho internacional, que involucra a 1.000 ciudadanos colombianos privados de libertad, garantizando el respeto a los derechos humanos y las normas judiciales.
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En respuesta a inquietudes diplomáticas, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, reafirmó su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos en el proceso de deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad.

La Cancillería aclaró que estos procedimientos se realizan de forma individual, cumpliendo con las normas migratorias vigentes y con la coordinación judicial y policial adecuada, descartando cualquier versión sobre una deportación colectiva. Además, señaló que ha informado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito sobre el avance de los casos, utilizando el canal diplomático correspondiente desde el pasado 8 de julio.

Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha desempeñado un papel crucial en la aplicación de las resoluciones emitidas por la Subsecretaría de Migración. A través de la gestión de audiencias individuales y la coordinación con jueces competentes, se ha garantizado que cada caso cuente con boletas de excarcelación debidamente autorizadas, en cumplimiento de la ley.

El operativo, que involucra la participación de múltiples instituciones, se ejecuta bajo estrictos protocolos de seguridad, respeto a los derechos humanos y confidencialidad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Código Orgánico Integral Penal, sostienen las entidades gubernamentales.

El Gobierno Nacional reiteró que esta medida se enmarca en su política migratoria responsable y respetuosa de los derechos fundamentales, al tiempo que refuerza el compromiso del país con la seguridad interna y el orden público.

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