Con 10 votos a favor, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes, insignias y credenciales de seguridad pública, así como la simulación de funciones mediante falsos operativos.

Según el informe, el uso indebido de distintivos oficiales y la realización de falsos operativos constituye un problema de relevancia constitucional, penal y social, por lo que amerita una respuesta legislativa dentro de las competencias ordinarias de la Asamblea. En esa línea, la mesa sostiene que la propuesta adopta un tratamiento diferenciado y proporcional, refuerza la contravención vigente, incorpora un tipo penal autónomo y armoniza el régimen de agravantes, sin implicar una “acumulación indiscriminada” de sanciones ni comprometer recursos fiscales.

Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la reforma busca evitar que delincuentes se hagan pasar por policías, militares o agentes de tránsito para ejecutar procedimientos falsos y cometer delitos, además de cerrar vacíos legales que afectan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Uno de los cambios incorporados a última hora fue propuesto por la asambleísta Mariana Yumbay: la inclusión del artículo 364B, que sanciona la fabricación y comercialización no autorizada de uniformes y distintivos, con el objetivo de cerrar el mercado ilegal que abastece al crimen organizado. El texto contempla una pena de uno a tres años de prisión para quienes fabriquen, importen, distribuyan o vendan estos implementos sin autorización, con excepciones para proveedores acreditados y usos educativos, culturales o artísticos autorizados.

Actualmente el mal uso de uniformes puede sancionarse con 15 a 30 días de privación de libertad (contravención), y la propuesta plantea elevar esa sanción a 30 a 90 días. Además, se incorporaría la figura de “simulación de autoridad operativa” (art. 364-A) con penas de uno a tres años, con incrementos si el engaño deriva en otros hechos como privación de libertad o afectación patrimonial.

Tras la aprobación del informe, la Comisión recomendó al Pleno continuar con el trámite del proyecto en los términos propuestos, de cara al primer debate legislativo.

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