El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que desmantela la política medioambiental más significativa de su antecesor, Barack Obama, con la confesa intención de fomentar las energías fósiles en nombre de la generación de empleo.

La orden ejecutiva envía una señal inconfundible de que, al igual que el presidente Barack Obama trató de integrar las consideraciones climáticas en todos los aspectos del gobierno federal, Trump espera sacar ese enfoque de sus raíces.  

El diario The Washington Post publicó que aunque algunas de las medidas podrían tardar años en implementarse y es poco probable que alteren las tendencias económicas más amplias que cambian la combinación de electricidad del país de generación de carbón a gas natural y renovables.

La orden no dice si Estados Unidos debería retirarse del acuerdo climático de París de 2015, en virtud del cual se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 26% y 28% en 2025, en comparación con los niveles de 2005.

Estados Unidos es el segundo mayor emisor mundial de gases con efecto invernadero, detrás de China.

¿Qué especifica la medida?

El texto, que apunta a reducir “los obstáculos inútiles” en ese sector, a partir del cuestionamiento a varias reglamentaciones, ordena en particular la revisión de una de las medidas ambientales más emblemáticas de su antecesor demócrata: el ‘Clean Power Plan’ (Proyecto para una energía limpia).

Esa norma imponía a las centrales térmicas el 32% de reducción de sus emisiones de CO2 para 2030 en relación a 2005. Si entrara en vigor, llevaría al cierre de numerosas centrales de carbón (las más antiguas y contaminantes). Sin embargo, el decreto está bloqueado por la justicia tras demandas en su contra de 30 estados, la mayoría gobernada por republicanos.

Tomás Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero, dijo en una entrevista que “se convierte en una gran medida políticamente simbólica por ahora”. El consumo de carbón en EE.UU. disminuyó 27% desde 2005, pasando de 1,02 mil millones de toneladas a 739 millones de toneladas en 2016, su nivel más bajo en casi cuatro décadas, pero no predijo cuántos empleos podrían ser impulsados por este cambio de política.

En sus primeros dos meses como presidente, Trump anuló una regulación que impide que las compañías mineras superficiales contaminen las vías fluviales y deje un nuevo sistema de contabilidad que habría obligado a las compañías de carbón y otras empresas energéticas a pagar más en regalías federales.

La administración también anunció que reconsiderará estándares más estrictos de eficiencia de combustible para automóviles y camiones ligeros y aprobó dos grandes oleoductos, Dakota Access y Keystone XL, que Obama detuvo.

Por su parte, el profesor James Van Nostrand, de la West Virginia University, dijo que la medida: “No tendrá prácticamente ningún impacto” y recordó que la decadencia del carbón está vinculada antes que nada al alza de los costos de explotación y al crecimiento de la competencia del gas natural.

Asimismo, la Cámara de Comercio saludó el anuncio de la revisión del Clean Power Plan de Barack Obama, y afirmó que este proyecto “no es solo ilegal, sino también malo para las familias y las empresas” de Estados Unidos. (I)

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Gobierno pide  $ 1.000 millones para el muro

El gobierno de Donald Trump pidió los primeros $ 1.000 millones para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

La solicitud está relacionada con los trabajos en 62 millas de la polémica pared que separa ambos países y el reemplazo de tramos ya existentes en la zona de San Diego, California, y en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas.

La ampliación del muro es uno de los temas que la mayoría de estadounidenses rechaza, según un reciente estudio. El 64% de los encuestados considera que el muro en la frontera con México es una “mala idea”, mientras que el 35% apoya su construcción, cifra que asciende a 74% entre los republicanos, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Quinnipiac en Connecticut.

Ayer, el diario The Washington Post  publicó que el gobierno de Trump intentó bloquear a la exprocuradora general Sally Yates de testificar ante el Congreso en la Cámara de Representantes sobre la relación entre funcionarios rusos y la campaña presidencial de Donald Trump, una posición que podría irritar a los demócratas que acusaron a los republicanos de tratar de dañar la investigación.

Ella y otros exfuncionarios de inteligencia fueron invitados a testificar ante el Comité de Inteligencia de la Cámara esta semana, una audiencia que fue cancelada abruptamente por el presidente del panel, el republicano Devin Nunes.

Yates era la procuradora general adjunta en los últimos años de la administración de Obama, y también actuó como la procuradora general en los primeros días del gobierno de Trump. (I)