San José.-

“No sabíamos qué hacer, nos volvimos literalmente locos”, recuerda Samuel De Jesús. La comunidad en la que vive este puertorriqueño sigue sin acceso vial, electricidad y agua potable después de que el huracán María de categoría 5 destrozara el lugar.

“Fueron unos días difíciles, desesperantes. No encontrábamos salida y el huracán causó mucho daño”, comenta Samuel, de 35 años, cuando se cumple un mes desde que la tormenta azotó la isla.

El puente que fue arrastrado por María tenía acceso a la pequeña comunidad Río Abajo, en la municipalidad de Utuado, un área montañosa en el centro-oeste de Puerto Rico.

En su lugar, ahora los residentes instalaron un precario sistema de cuerdas para recibir suministros sobre un río contaminado con aguas negras por el colapso de una tubería. Sobre el resto del puente, la comunidad instaló una bandera de Puerto Rico y un letrero que dice ‘Campamento de los olvidados’.

En las dos largas semanas que siguieron al huracán, las 27 familias de Río Abajo vieron que sus reservas se terminaban. Samuel, que es diabético, necesitaba mantener refrigerada la insulina. “Pero ya se me estaba acabando la gasolina de la planta eléctrica”, recuerda.

Hoy en día, los residentes reciben  comida, agua y medicamentos por helicóptero, pero los residentes claman por un puente “para sacar nuestros vehículos y salir afuera en caso de una emergencia, o si ocurre un deslizamiento”, dice Samuel.

Como ellos, aún persisten en Puerto Rico comunidades que quedaron totalmente aisladas después del azote de María el 20 de septiembre pasado.

La parte de la isla que no está inaccesible permanece oscura, con poca conexión telefónica y una economía paralizada en medio de una grave crisis fiscal que la había llevado a la quiebra en mayo.

El gobernador, Ricardo Rosselló, visitó Utuado el miércoles para entregar suministros, sin llegar a Río Abajo. “Ciertamente Utuado es uno de los municipios más afectados en  Puerto Rico. Nuestro compromiso es darle apoyo y asistencia durante   el camino de recuperación”, expresó el gobernador en el lugar.

A pesar de estos esfuerzos, la situación es precaria. Transcurrido un mes desde que el huracán golpeó este territorio estadounidense, el 81% de las personas sigue sin electricidad, solo el 65% tiene acceso al agua potable, funcionan con generador el 58% de las plantas de aguas residuales y menos del 8% de las carreteras están abiertas, según la Agencia federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

Paralización de actividades

La lentitud de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para poner en marcha el sistema ha sido el principal escollo con el que tropiezan los puertorriqueños que quieren recuperar la normalidad.

Esta situación no solo tiene paralizada la producción de la importante industria farmacéutica, sino que también los comercios -incluidos restaurantes- y las empresas, la mayoría, no operan o lo hacen a un elevado costo mediante la utilización de generadores de diésel.

Pese a que la situación aún es calamitosa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio el jueves un 10 sobre 10 por su respuesta en Puerto Rico, pero el gobernador Roselló le advirtió que falta mucho por hacer.

La situación que atraviesa Puerto Rico se produce al año de que Washington estableció la Junta de Control Fiscal para lidiar con la deuda de $ 73.000 millones.

El economista Joaquín Villamil indicó que las pérdidas por María se estiman en $ 20.000 millones, casi 4 veces más que las producidas por el ciclón Georges hace 18 años, medidas en dólares de 2016.

Villamil opinó que los fondos de la FEMA y de las aseguradoras tendrán un impacto positivo en el Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mitad de 2018 y en 2019, pero que este será temporal.

“Desde el punto de vista de la economía no hay mucha ganancia neta”, subrayó el economista, presidente de la firma Estudios Técnicos.

Hay que recordar -explicó- que ya la economía venía contrayéndose desde 2006 y que María retrasará la recuperación.

Para el economista, volver al PIB real de 2006 tomará al menos hasta 2026. Agregó que la salida de la población puertorriqueña hacia Estados Unidos agravará más la situación. Se proyecta que para 2026 la población se haya reducido a 3,1 millones, quizás menos.

El gobierno de Florida calcula que desde el 3 de octubre -día en que se activó la emergencia para enfrentar el éxodo- han llegado a este estado más de 36.000 personas provenientes de la isla.

De los cinco millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos, según el censo estadounidense de 2015, un millón vive en Florida. La mayoría llegó desde 2006 por la crisis financiera. (I)