El presidente sirio, Bashar al Asad, promulgó ayer  un decreto que autoriza el multipartidismo, satisfaciendo una de las principales reivindicaciones del movimiento de protesta, cuya sangrienta represión recibió la condena de  la ONU, la misma  que fue criticada por organismos de derechos humanos.

El miércoles por la noche, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  adoptó una declaración (que no fue una resolución) en la que condena las violaciones generalizadas de los derechos humanos y el uso de la fuerza contra los civiles por parte de las autoridades sirias.

El texto no encomienda ninguna investigación de la represión al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como pedían varios países europeos. Sin embargo,  sí exige que los responsables rindan cuentas.

La represión de las protestas, que comenzaron a mediados de marzo pasado, se ha cobrado la vida de más de 1.618 civiles y de 374 efectivos de las fuerzas de seguridad, según el Observatorio de los Derechos Humanos en Siria.
A su vez, un portavoz de Amnistía Internacional (AI) manifestó que la declaración en la que el Consejo de Seguridad  condenó la violenta represión ejercida en Siria se quedó corta.

Mediante un comunicado emitido desde  Londres, la organización pro derechos humanos criticó el texto con el que el Consejo de Seguridad  rompió el miércoles su silencio de varios meses sobre la violencia en Siria y censuró al régimen de Damasco, pese a la oposición del Líbano, miembro temporal del órgano que finalmente se desvinculó de la condena a su país vecino.

El representante de AI, José Luis Díaz, consideró que la respuesta de las Naciones Unidas es completamente inadecuada.

“Después de más de cuatro meses de represión violenta sobre la predominantemente disensión pacífica en Siria, es profundamente decepcionante que lo mejor que hace el Consejo de Seguridad sea emitir un comunicado débil que no es legalmente vinculante y no refiere la situación a la Corte Criminal Internacional”, observó Díaz. Hasta la fecha, las autoridades sirias no han permitido que una delegación de la ONU entre en el país.

El citado responsable de Amnistía instó a la Organización de Naciones Unidas a actuar ahora, con una posición legal y firme en la que, al menos, se incluya la imposición de un embargo de armamento, la congelación de los activos del presidente Al Asad y otros funcionarios sirios, sospechosos de tener responsabilidad en los crímenes cometidos contra la humanidad.

En las calles de Siria, la represión continuaba ayer, lo que no impedía nuevas manifestaciones, principalmente a la salida de las mezquitas tras la oración que se celebra cada noche en este mes de Ramadán.

Alrededor de  30 personas murieron el miércoles en un bombardeo del Ejército sirio contra Hama, indicó ayer un habitante que consiguió huir de esa ciudad rebelde del centro del país. “Los cuerpos de 30 personas que murieron en el bombardeo por el Ejército (...) fueron enterrados en varios parques públicos y hay muchos heridos en los hospitales”, narró el residente.

Mientras tanto, la aprobación del multipartidismo determina   que  los partidos deberán respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y no estar basados en principios religiosos o en núcleos tribales ni ser ramas de organizaciones extranjeras.

Tampoco deberán tener brazos militares o paramilitares y tendrán que disponer de objetivos definidos y de fuentes de financiación claras. Los nuevos partidos estarán a la sombra del partido Baas (oficialista), al que la Constitución consagra como el dirigente del Estado y de la sociedad.

El Gobierno sirio adoptó a finales de julio un proyecto de ley que autoriza el multipartidismo en un país donde la arena política está monopolizada por el partido Baas, en el poder desde 1963.
Sin embargo, el decreto promulgado ayer  permite que la medida pueda aplicarse inmediatamente, sin esperar un voto del Parlamento.

Una de las principales reivindicaciones del movimiento de protesta contra el régimen sirio era poner fin al poder omnímodo del Baas, la liberación de los prisioneros políticos y el levantamiento del estado de emergencia, logrado en abril. Pero la violencia de la represión, que el régimen emplea en paralelo a las medidas de apertura, ha radicalizado a los manifestantes, que piden abiertamente la renuncia del presidente.

“”El presidente sirio  lleva a su país y al conjunto de Medio Oriente por un camino peligroso”, advirtió ayer  la Casa Blanca, endureciendo un poco más el tono tras la represión conducida contra los opositores. Washington parece avanzar hacia un primer llamado a Asad a dejar el poder, un paso que hasta ahora ha resistido, y alista a una nueva ronda de sanciones contra su régimen.

El ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, consideró ayer  una ironía, casi una provocación, el anuncio del presidente sirio de  que abrirá su país al pluripartidismo.

“En este momento no valen ya más decretos, queremos actos y el primero de todos debe ser el cese de la violencia contra los manifestantes”, afirmó Juppé. El presidente ruso, Dimitri Medvedev, por su parte, señaló  que la situación en Siria es “dramática” y causa una inquietud enorme en su país.