Los cancilleres de los países que forman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) cerraron sin un acuerdo su reunión extraordinaria para solucionar la situación de los cubanos varados en Costa Rica. Sin embargo, coincidieron en que la Ley de Ajuste Cubano -política Pies secos-Pies mojados- aplicada por Estados Unidos es el factor que detona la emigración ilegal de los isleños.  

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, cuyo país acogió la cita en calidad de presidente pro témpore del SICA, calificó de discriminatoria con otros migrantes la Ley de Ajuste Cubano, que otorga a los cubanos que toquen tierra norteamericana, la residencia permanente luego de un año de estadía. Los que son capturados en alta mar son devueltos a la isla.

Martínez subrayó que los beneficios de la normativa no se aplican a los migrantes de Centroamérica. “Cualquier migrante de Centroamérica que toque territorio norteamericano y que no va en una emigración regular es deportado a su país de origen”, recordó el canciller.

En la reunión extraordinaria de los países del SICA (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) participaron como invitados México, Colombia, Cuba y Ecuador. Los cancilleres de esas naciones coincidieron en que “bajo ninguna circunstancia puede haber un doble estándar: que a ciertos migrantes se les aplique una facilidad de ingreso sin restricciones y a otros se les restrinja de la manera que se  hace a los centroamericanos”, indicó Martínez.

Crisis

Casi 3.000 cubanos que intentan llegar a Estados Unidos viven un drama en la frontera de Costa Rica, donde permanecen varados más de una semana. Las autoridades han habilitado albergues para acogerlos ante la negativa nicaragüense a permitir su paso.

Los isleños inician su travesía en Ecuador, adonde llegan por vía aérea porque no les piden visa, y desde allí parten a Estados Unidos por tierra sorteando los obstáculos.

Sin embargo, el trayecto se vio truncado desde el 15 de noviembre cuando Nicaragua cerró el paso a los cubanos y militarizó su frontera. Como el territorio nicaragüense va desde el Pacífico hasta el Atlántico, los migrantes no tienen forma de continuar su viaje por tierra.

Para el canciller costarricense, Manuel González, la situación “crítica” de los migrantes cubanos amenaza con convertirse en “una grave crisis humanitaria en la región” y una solución requiere del “esfuerzo concertado” de los países que están involucrados.

Sin embargo, en la reunión del SICA, Nicaragua reiteró su posición de no permitir el paso a los cubanos, la cual definió como “invariable”. “Nicaragua ratifica su posición de no prestarse a legitimar políticas ilegales” migratorias y “exige al Gobierno de Costa Rica tomar las medidas correspondientes para retirar de nuestras zonas fronterizas a todos” los cubanos, indicó el vicecanciller de Managua, Denis Moncada, al leer una declaración.

Moncada achacó este problema migratorio a Estados Unidos y afirmó que el istmo carece de recursos económicos para facilitar, por su territorio, el tránsito de los migrantes cubanos, varados en Peñas Blancas, frontera norte de Costa Rica.

“Nuestros países no cuentan con los recursos para enfrentar esta nueva amenaza a nuestra seguridad nacional, sobre todo, si tomamos en cuenta que el desorden migratorio incrementa los riesgos de presencia y acciones terroristas en nuestra región, considerando el creciente tránsito de migrantes ilegales de África y otros continentes”, manifestó el vicecanciller.

Costa Rica condenó lo que consideró “intransigencia” y “mala fe” de Nicaragua que impidió encontrar, en una reunión de cancilleres, una solución regional a la crisis de emigración cubana, declaró en una conferencia de prensa el canciller González.

Al fracasar la búsqueda de una solución regional, en la reunión de cancilleres se acordó que cada nación adoptará medidas unilaterales para ayudar a resolver el conflicto y convergieron en que se debe respetar el principio de autodeterminación, mediante el cual cada país se reserva el derecho de admitir o no a estos migrantes.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ratificó que los ciudadanos que han salido legalmente de su país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar, si así lo desean.

La ministra de Movilidad Humana de Ecuador, María Landázuri, destacó que, según las políticas internacionales, la creación de un corredor humanitario no aplica en esta situación porque solo es posible en situaciones de guerra o conflicto armado. Ante esta realidad apeló a promover un “diálogo abierto y colaborativo” y tomar acciones para permitir el paso de los migrantes de manera que cada país aplique sus leyes en su territorio, pero al mismo tiempo garanticen la seguridad e integridad de los migrantes. (I)