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El Telégrafo
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Algunos mandos medios de la organización insurgente buscan reagruparse

Sendero Luminoso aún mantiene 180 rehenes

El ejército peruano liberó a decenas de personas que se encontraban bajo el mando de Sendero Luminoso. Foto: Univisión
El ejército peruano liberó a decenas de personas que se encontraban bajo el mando de Sendero Luminoso. Foto: Univisión
17 de agosto de 2015 - 00:00 - Por Víctor Vimos, corresponsal en Lima

La década del ochenta es recordada en el Perú como una de las temporadas más violentas de su historia. La guerra interna sostenida entre Sendero Luminoso (organización marxista, leninista maoísta, que pretendía hacerse con el control del poder) y el Estado, dejó como resultado, de acuerdo a los informes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, unos 70 mil muertos en un país deshecho y a la deriva.

Más de 2 décadas después ese es un recuerdo poco presente en el imaginario nacional. Las nuevas generaciones han crecido en un país empeñado en no mirar las marcas de ese enfrentamiento, intentando superarlas con la indiferencia.

Pero esa actitud poco ha podido con la realidad. Tras la captura de Abimael Guzmán, quien asumió el nombre de Presidente Gonzalo como líder máximo del senderismo, la organización fue desarticulada, al punto de estar cerca de la extinción.

Eso todavía no ha ocurrido. Lo ha confirmado a inicios de esta semana el Viceministro de Defensa de ese país, Iván Vega, después de presentar a los “Camaradas Renán y Yuri”, ante la prensa nacional y extranjera.

Ellos –tez morena, ojos achinados, mirada fría– representan lo que en el Perú se conoce como el rebrote de Sendero Luminoso.

Perseguidos y diezmados, algunos mandos medios de Sendero buscaron reagruparse tras la captura de su líder. Quienes lo hicieron con cierto éxito parecen ser los que llegaron hasta el Vraem, como se conoce a la zona cálida del Valle formado entre las intersección de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

Los nombres de los hermanos José y Jorge Quispe Palomino aparecen como cabecillas de esta fracción dedicada, de acuerdo a informes de seguridad nacional, a brindar protección a narcotraficantes ocupados en la siembra, producción y exportación de cocaína.

Bajo esa consigna, según han revelado en sendas oportunidades estos cabecillas, logran obtener recursos para lo que ellos denominan “la lucha armada”. Parte de esta acción implica el secuestro, chantaje, extorsión y sabotaje de distintas empresas mineras y gasíferas con acción en el Vraem.

Esas precisamente eran las responsabilidades para las que fueron destinados “Renán” y “Yuri”, y que no lograron cumplir a tiempo. El trabajo efectivo del ejército peruano evitó que pudieran ejecutar una serie de atentados que tenían por objetivo disminuir la infraestructura de la Empresa Camisea, principal extractora de gas en la región.

La razón para que estos ataques se hayan planeado parece encontrarse en la serie de golpes que las fuerzas armadas del Perú han venido propiciando a este grupo desde mediados de julio pasado.

La Liberación de 23 niños y niñas, junto a 12 adultos, mantenidos en contra de su voluntad en condiciones de esclavitud por los mandos principales de Sendero, sacó a la superficie eso que la indiferencia nacional frente a este problema intenta eliminar: las consecuencias de la guerra interna aún no han dejado de sufrirse en el Perú profundo.

Las revelaciones que siguieron a ese rescate han sido dramáticas. Se sabe de casos de personas adultas que estaban en poder de los senderistas desde la infancia, las cuales fueron resultado de violaciones a mujeres campesinas, a quienes se utiliza para “producir soldados que apoyen a la causa”.

Niños sometidos a entrenamiento militar, convencidos al punto de tener labores como la de “escudos humanos”, capaces de dar la vida por los cabecillas. La desnutrición y presencia de enfermedades infecciosas en todos los liberados representa la parte visible de esta desgracia.

Pero la dimensión de este rescate no parece estar a la altura de una solución definitiva del problema. Según el Viceministro Vega, aún permanecen en manos de esta facción de senderistas cerca de 180 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la etnia Ashánika, quienes estarían siendo explotadas laboral y sexualmente.

Esa realidad ha hecho poca mella en la esfera pública peruana dominada por los acontecimientos que suceden en la capital.

El Traslado de “Renán” y “Yuri” hacia un penal de Lima ha sido la causa para que el gobierno de Humala vuelva los ojos sobre esta situación. “No nos vamos a detener hasta capturar al último senderista” repitió enérgico el director de la Policía Nacional, general PNP Jorge Flores Goicohea. Una consigna gastada, surgida en los ochenta bajo el fuego y el miedo engendrados por Sendero. (I)

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